No es cierto que no haya herramientas eficaces para la lucha anticorrupción. En varias ocasiones he mencionado como en Estados Unidos desde la guerra de independencia y, luego, durante la guerra civil en el gobierno del presidente Lincoln se comenzó a construir una herramienta que se ha ido perfeccionando y que cada día ha ido mostrando su eficacia. Es más. Entidades multilaterales como la ONU y la OEA y, más adelante la Ocde, han propiciado reuniones para que países de diferentes regiones y niveles de desarrollo adopten una legislación que tenga las características de las que se han desarrollado en los Estados Unidos. Y son muchos ya los que individualmente han introducido este tipo de legislación. Estoy bien enterado de lo que ocurre en Estados Unidos y no estoy familiarizado con informes similares en otros países.

Voy a hacer unas breves menciones de los informes que alguna de las entidades más relevantes en Estados Unidos han presentado con ocasión del fin del año fiscal. Me interesa principalmente las que gobiernan el programa de Whistleblower en la SEC (Securities and Exchange Commission) que protege el sistema financiero contra comportamientos criminales.

Aquí recojo los datos más sobresalientes. Para el año que terminó este septiembre 30, la agencia pagó 575.2 millones de dólares a los Whistleblowers, o sea a las personas que tuvieron el coraje de denunciar comportamientos indebidos. Es una cifra impresionante. Algunos de los ejemplos de recompensas más altas son los siguientes: 37 millones de dólares un ciudadano porque proporcionó una información relevante que no era previamente conocida por la SEC; 37 millones de dólares a otro que informó sobre la conducta indebida de su empleador; 98 millones de dólares a dos ciudadanos (82 millones a uno y 16 millones a otro) que llevaron a la SEC a tomar acciones que también fueron adoptadas por otra agencia. Alguna de esas recompensas son las más altas que esta entidad ha entregado, aunque en la historia de esta herramienta anticorrupción hay algunas recompensas que han pasado de 100 millones de dólares.

Recuerdo datos que ya se pueden haber olvidado. El Whistleblower es el ciudadano o la institución que revela, cuenta o relata a la entidad respectiva el comportamiento indebido de una empresa o de una sociedad afectando así la recolección de impuestos o el debido cumplimiento de las finalidades de una institución. Son muchas las leyes que regulan este tema en Estados Unidos, algunas tienen carácter federal y general otras son muy específicas y particularmente en los últimos 20 años han venido refinándose, lo cual ha hecho aún más evidente la eficacia de esta herramienta que muchos consideran la mejor en la lucha anticorrupción. Para que ella funcione correctamente es indispensable una legislación apropiada, muy bien elaborada y que tenga tres características principales, a saber: la protección de la denuncia, la protección del denunciante y la recompensa apropiada. En los casos que he mencionado la recompensa oscila entre el 10% y el 30% del dinero que se ha recobrado o del dinero que gracias a esta información va a incrementar los ingresos fiscales de la nación.

Con frecuencia digo que hay dos maneras de enriquecimiento fácil: una por la vía de la corrupción, que es lo que todo ciudadano debe rechazar y, la otra, vía de la denuncia fundamentada de la corrupción, que es lo que todo ciudadano tiene el deber de hacer como un acto de lealtad con el bien público y el bienestar de la sociedad.

En Colombia se han hecho varios intentos mediocres que he comentado, principalmente en el texto que escribí para el libro conmemorativo de los 50 años de Fedesarrollo. No existe ninguna razón para no construir un proyecto de ley de factura impecable que contemple debidamente la protección de la denuncia, del denunciante y la apropiada recompensa. Son tres elementos fundamentales. Y la ausencia de una recompensa adecuada hace inútil el instrumento.