POCOS SON los avances en el país en el uso de los mecanismos de participación ciudadana que introdujo la Constitución del 91. El más utilizado, por obvias razones, es el voto en las distintas elecciones de carácter nacional y regional; le sigue la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, los ciudadanos prácticamente no han acudido a la iniciativa legislativa o normativa y muy poco al cabildo abierto.

Por estos días se avanza en una iniciativa de referendo con el propósito de lograr la autonomía fiscal de las regiones. La propuesta es que las regiones administren los impuestos de renta y patrimonio, en la actualidad en manos de la nación.

La iniciativa surgió del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y ha ido sumando apoyo de varios gobernadores y alcaldes, así como de distintos sectores políticos. En el trámite que establece la ley el comité promotor logró recoger más de 3,5 millones de firmas de respaldo, que fueron radicadas ante la Registraduría Nacional para su revisión.

Se requiere como mínimo 2.027.199 firmas válidas de respaldo. Si esto se cumple, así como la Registraduría Nacional también determina que la financiación para la consecución de las rúbricas atendió los requisitos de ley, el registrador Hernán Penagos expedirá una certificación para que siga su trámite en el Congreso.

En este punto del trámite del referendo le corresponde a los congresistas estudiar la iniciativa y si la encuentran procedente darán el aval para convocar a los colombianos a las urnas y que decidan si aprueban o no que los impuestos de renta y patrimonio sean recaudados y administrados por los departamentos y no por la nación.

En 2022 se impulsó una iniciativa de referendo luego de que la Corte Constitucional determinara que el aborto en Colombia no está penalizado, sino hasta la semana 24 de embarazo. Sin embargo, la iniciativa impulsada por líderes de la Misión Carismática Internacional no prosperó porque, según informó la Registraduría Nacional el 40% de las firmas de apoyo resultaron anuladas porque los datos no correspondían o estaban duplicadas.

Entre 2020 y 2021, surgieron cuatro iniciativas de referendo en diferentes tópicos, empero, ninguna avanzó porque no se alcanzó el número de firmas de respaldo o por las dificultades que se presentaron para su trámite, ya que coincidió con la pandemia por el coronavirus.

Una iniciativa de referendo pretendía dignificar la condición de los trabajadores y habitantes del campo. Otra buscaba llevar a referendo que la revocatoria de mandato, hoy prevista para gobernadores y alcaldes, también cobijara al presidente de la República.

También por esos días en medio de la discusión por las medidas que podría tomar el Gobierno para financiar el gasto social que demandó la pandemia, el expresidente Álvaro Uribe insistió en el referendo que viene planteando para la reducción del Congreso y un apretón al gasto público. También buscaba reformar la justicia, mediante propuestas como la creación de una o dos Altas Cortes en el país.

Sin embargo, no pasó de ser una iniciativa, pues no se hizo la solicitud de inscripción ante la Registraduría. Tampoco llegó a puerto una iniciativa de organizaciones políticas cristianas, católicas y laicas para un referendo que establezca la obligación de los gobernadores de los 32 departamentos de tomar decisiones administrativas respetando el concepto de familia.

El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, explicó en La W los motivos por los cuales el Alto Tribunal decidió declarar inexequible la Ley que convocaba a un referendo que buscaba imponer hasta cadena perpetua a los violadores de menores.

En el año 2003 se realizó un referendo que promovió el entonces presidente Álvaro Uribe, el primero y único que hasta el momento ha llegado a las urnas. Sin embargo, solamente la pregunta 1 de la consulta superó el umbral, relacionada con inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos, las otras 14 se hundieron.

En tanto que en 2010 la Corte declaró inconstitucional por vicios de forma y de fondo un referendo que pretendía la segunda reelección de Álvaro Uribe. El alto Tribunal dejó en claro que como lo determinó en una sentencia de 2005, la reelección era por una vez.

Revocatoria de mandato

Desde la primera revocatoria de mandato en el año 1996 se han realizado hasta la fecha cerca de 150 jornadas en las urnas, con tan solo dos aprobadas: en Tasco, Boyacá, el 29 de julio de 2018 en donde sus habitantes decidieron revocarle el mandato al alcalde Nelson García Castellanos; y en febrero del 2022, en Susa, Cundinamarca, fue revocada la alcaldesa Ximena Ballesteros.

El resto de revocatorias de mandatos no han tenido éxito, en el sentido de retirar al funcionario del cargo, porque no alcanzaron el umbral de participación.

Viendo esta situación el Congreso aprobó la Ley 1757 de 2015, que flexibilizó los requisitos exigidos para ir a las urnas, pues redujo el número de firmas de apoyo a la iniciativa al 30% de los votos obtenidos en su elección por el mandatario; así como en la votación bajó el umbral de participación al 40%.

A pesar de ello, solamente se aprobaron dos revocatorias de mandato desde entonces, como se dijo en los municipios de Tasco y Susa.

Hay dos razones por las cuales los ciudadanos de un municipio, distrito o departamento pueden promover iniciativas para que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos: cuando exista insatisfacción general de la población con la gestión o este haya incumplido el programa de Gobierno. Esto último en virtud del voto programático consagrado en el artículo 259 de la Carta Política.

Iniciativa legislativa

La Constitución permite por medio de este mecanismo a los ciudadanos presentar proyectos de normas jurídicas ante las corporaciones de elección para que las debatan.

No obstante, como ha ocurrido con otros mecanismos de participación ciudadana es poco el uso que se le ha dado. La MOE (Misión de Observación Electoral) indicó que entre 1991 y julio de 2012 se presentaron tres iniciativas populares sobre proyectos de acto legislativo.

En el 2002 se radicó una iniciativa para reducir la edad como requisito para ser congresista: senador a los 25 años y representante a los 22 años de edad. Sin embargo, no avanzó porque no alcanzó el número de firmas de respaldo.

En tanto que en 2004 se presentó una iniciativa para autorizar la reelección presidencial, sin embargo, en su trámite los impulsores desistieron. Y en 2005 llegó al Congreso una propuesta para modificar el régimen de los servicios públicos domiciliarios. No obstante, los congresistas la hundieron.

Consultas populares

Entre 1991 y 2018 se realizaron cerca de 50 consultas populares para crear municipios, conformación de áreas metropolitanas, convivencia pacífica, día sin carro, servicios públicos, entre otros.

De esa época hoy se han realizado otras tantas consultas populares, principalmente por razones ambientales para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la explotación minera y petrolera en sus territorios, alguna de las cuales han sido aprobadas negando esta actividad.

Las consultas populares pueden ser convocadas por el presidente de la República para preguntar al pueblo sobre asuntos de trascendencia nacional o por gobernadores y alcaldes para temas de competencia regional.