En Colombia, la violencia contra los menores experimentó un preocupante aumento del 31 % en 2024, de acuerdo con datos proporcionados por la Unicef. Este incremento se refleja en el número de casos reportados, que pasó de 4.612 en 2023 a 6.053 el año pasado.

Infortunadamente, continúan los casos y en 2025 ya se reportan más de cuatro niños asesinados. Y mientras tanto, al ver que las cifras comienzan a crecer nuevamente, la gente se pregunta: ¿Por qué ha sido imposible detener los delitos contra los niños en Colombia?

Precisamente, vale recordar, como lo hizo la coalición NiñezYA, que hace 35 años la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó un hito histórico al adoptar la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de este acuerdo, 196 naciones, incluidas Colombia, se comprometieron a reconocer y garantizar la dignidad humana de la primera infancia, la infancia y la adolescencia.

Entonces, por un lado, la Convención cambió la visión que se tenía de esta población y el trato que debe recibir del Estado. La niñez dejó de ser objeto de protección para ser sujeto de derechos: sus derechos prevalecen sobre los de los demás, y la familia, el Estado y la sociedad son corresponsables de garantizarlos. Para esto el país se fortaleció, con diferentes normas, en un marco jurídico y social para asegurar los derechos de la niñez.

“Pero por el otro lado, y esa es la parte desafortunada, los principios establecidos en dichas normas no se aplican en la realidad de toda la niñez del país. La situación que viven niñas, niños y adolescentes de ciertos niveles socioeconómicos, zonas rurales, zonas dispersas, urbanas marginales, grupos étnicos, población migrante, con discapacidad, LBGTI y niñas y mujeres adolescentes dista mucho de lo escrito en el papel”, señala la coalición NiñezYA,

Qué opinan desde el Congreso

Para la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libre, “a pesar de que tenemos una priorización constitucional por los niños y tenemos políticas públicas para protegerlos, en la práctica no vemos los resultados coherentes”.

También llama la atención en cuanto a que muchas veces “los mismos servidores públicos no comprenden de manera idónea cuál es el marco de protección de los niños y cuáles son las medidas de carácter inmediato que se tienen que dar”.

Por su parte, la parlamentaria de Santander Erika Sánchez afirmó que “si bien es cierto en el artículo 44 establece la Constitución que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás, en ninguno de los gobiernos hemos podido ver que Colombia garantice la protección de los mismos, por eso cada vez las cifras de abandono, de negligencia, inobservancia, de amenaza, de vulneración, son mayores, no disminuyen, sino son cifras que van de aumento en aumento”.

Asimismo, recordó que el año pasado se cerró con más de 375 niños asesinados brutalmente en Colombia.

Agregó que en medio de la violencia que actualmente afecta al Catatumbo, “tenemos 1.800 niños y niñas, menores de edad, que deben ser atendidos por procesos administrativos de restablecimiento de derechos”. 

Qué dicen las organizaciones

Para Constanza Jerez, coordinadora de NiñezYA, a pesar de la batería de política pública que debe garantizar los derechos de los niños, ni siquiera está interiorizada por quienes deben aplicarla. “Hablo, por ejemplo, de los comisarios de familia, de los jueces, de quienes tienen a cargo y tienen esa posibilidad de que eso se lleve a cabo. Entonces, ahí es donde tenemos niveles altos de impunidad, no conocen ellos las leyes, no rodean a las familias con todo lo que se requiere para que sean fuertes y puedan atender todas estas necesidades que tienen las niñas y los niños del país”.

Jerez resalta que “otro dato que nos llama mucho la atención es que de los adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal, el 46 % de ellos en algún momento pasó por el sistema de protección. Es decir, en algún momento tuvieron que dejar a sus familias, casi siempre por casos de violencia intrafamiliar, de negligencia, y fueron protegidos por el Estado. Pero, a pesar de ello, esa protección no surtió efecto porque después ellos vuelven a sus entornos y ahí lo que vemos es que saltan después a los sistemas, al sistema de responsabilidad penal”.

En cambio, para Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles SOS, la primera razón es una cultura de tolerancia y aceptación frente a estos hechos, que está también cruzada por una falta de conciencia frente al interés superior de niños y niñas. “Si bien hemos desarrollado en los últimos años varios instrumentos legales y la Convención de Derechos del Niño, que es el del 89, que ya es norma en Colombia, y varias legislaciones al respecto para generar la cultura de protección de los derechos de los niños, esto todavía no se ha interiorizado en la cultura y hay una gran tolerancia frente al maltrato de los niños y una cierta apatía general de la ciudadanía frente a las formas de maltrato que se dan permanentemente”, agregó.

Y explica que uno de cada dos niños en el mundo, o menores de 18 años, es víctima de alguna forma de negligencia o violencia por parte de sus cuidadores o de adultos. “Y eso está muy presente en Colombia. Hay muchas formas de negligencia, de maltrato, que están allí, que se reflejan en indicadores como, por ejemplo, en el sistema de protección, que es cuando una autoridad administrativa identifica una situación de desprotección de un menor y toma acciones y medidas al respecto, y entra a intervenir lo que sucede en la familia, en muchos casos alejando al niño de su propia familia”.

También enfatiza que “los niños están en una situación de especial desprotección, tienen menores posibilidades de denunciar los hechos, muchas veces están subyugados también de forma psicológica. Esto no les permite entender que están siendo víctimas de situaciones de maltrato.

El punto de vista jurídico

De acuerdo con todos los expertos consultados existe una normativa en Colombia que protege los derechos de los niños, pero por qué no se aplica, según el abogado especialista en derechos de familia y derechos de la infancia de Aldeas Infantiles, Alejandro Ruiz: comenzando por la Fiscalía. no hay capacidad de respuesta ni de acción. “En Bogotá se considera que más o menos manejan al mes 400 casos de delitos contra niños, 400 casos con un investigador. Entonces cerramos las fiscalías para que no acepten más casos, mientras se ponen al día, pero nadie nos asegura que no vaya a haber más violencia”.

Ruiz argumenta que los niveles de impunidad de violencia infantil pueden superar el 94 %. Aunque algunos sectores, como la Federación Colombiana de Municipios, señalan que es del 97 %. Por eso subraya que la capacidad de la Fiscalía es muy escasa.

“Nosotros, desde las leyes infantiles, en asocio con la Alianza por la Niñez, logramos la aprobación de la Ley 2205-2022, en donde se ordenaba crear una unidad especial de justicia para atender los delitos cometidos contra niños, como pasa en otros países”, sostiene.

El abogado señala que “tenemos que hacer un sistema de justicia que castigue a los que cometen delitos contra los niños, pero que sea un sistema eficiente. Lamentablemente, la Fiscalía, por una demanda que nosotros presentamos, apenas ahora le está dando cumplimiento a esta ley, pero la creó solamente en tres lugares: Medellín, Bogotá y en el departamento de Boyacá. Y esto es insuficiente”.