LOS SUCESOS de violencia en las dos últimas semanas en Catatumbo, en Norte de Santander, es lo más grave que se ha visto en alteración del orden público y afectación humanitaria en este Gobierno por cuenta de la guerra que libran allí el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc, lo que ha puesto no solo en tela de juicio su política de paz y de seguridad, sino el manejo dado a la Fuerza Pública por un recorte presupuestal debido a la crisis fiscal, así como cambios en la táctica del Ejército por la reforma a los comandos conjuntos.

Son dramáticas las cifras que han entregado la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Defensa sobre lo que ocurre en la región por la guerra que libran estos dos actores armados por el manejo de los cultivos ilícitos, los más extensos en el país con cerca de 44.000 hectáreas de coca; de la extorsión; de la minería ilegal; del control de la frontera con Venezuela, en donde hay tráfico de estupefacientes y de armas, e incluso de migrantes.

Se contabilizan más de 42.000 desplazados provenientes de los municipios de El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, Ábrego, San Calixto, quienes, en caravanas, a pie y en motocicletas ante la ausencia de buses por el temor de los transportadores de que ataquen sus vehículos, se han dirigido hacia Cúcuta, Ocaña y Tibú, así como a Venezuela en los estados de Zulia y Táchira.sentando, se está preparando; hay una introducción de nuevos componentes militares y de policía en la región y todo tiende hacia el efectivo control del territorio que tiene que estar a cargo de la Fuerza Pública”.

Sin embargo, no han faltado las críticas al Gobierno por lo ocurrido en Catatumbo porque sectores políticos señalan que su actuación fue tardía, teniendo en cuenta que desde hace meses la Defensoría del Pueblo hizo alertas tempranas para la región. Incluso, algunos congresistas han manifestado que el ministro de Defensa debe renunciar. Igualmente, en días pasados, el representante José Uscátegui, del Centro Democrático, radicó una solicitud de moción de censura contra este funcionario.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo a Semana sobre la situación en Catatumbo que “la Defensoría del Pueblo había hecho varias alertas tempranas estructurales desde el año 2020 y, particularmente, una alerta de inminencia que fue expedida el 15 de noviembre del año 2024”.

Explicó que “en la alerta del 15 de noviembre había tres escenarios de riesgo: el primero era la escalada del Eln debido, principalmente, a la suspensión del cese al fuego. Y otro escenario era que la coexistencia, entre el Frente 33 de las extintas Farc y el Eln, tendría una tensión y fue lo que terminó ocurriendo”.

Marín sostuvo que “la alerta se entregó al Ministerio del Interior, que es el encargado de atender y coordinar la respuesta a las alertas. El Ministerio convocó a una reunión que se llama Ciprat, que es el comité de respuesta rápida, antes de terminar noviembre. Sin embargo, no pudimos constatar compromisos específicos y extraordinarios como lo ameritaba la situación”.

El presidente Petro dijo que “contamos con la presencia de 1.580 connacionales en el campamento de refugiados del otro lado”.

Igualmente, más de 150 personas han sido evacuadas por el Ejército de las zonas de enfrentamiento y 25 firmantes de paz fueron trasladados hacia un sitio seguro.

Del número de muertos hay cifras encontradas, pues el Ministerio de Defensa habla de 38; Medicina Legal dice que son 41 y la Defensoría del Pueblo 60. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, reporta 80 asesinatos.

La atención de los desplazados está a cargo del Gobierno nacional por medio de diferentes entidades, como la Unidad de Víctimas, y la gobernación de Norte de Santander, la cual declaró la urgencia manifiesta y la emergencia humanitaria para priorizar recursos con este propósito.

La ofensiva militar

Ante el tamaño del desafío que la guerra entre el Eln y las disidencias ha significado para el orden público del Catatumbo y su población, el Ejército desarrolló una ofensiva con el traslado de tropa para reforzar su presencia en la región, así como ha llevado artillería pesada y otros equipos de combate.

En Norte de Santander se encuentran desplegados 5.000 efectivos del Ejército. “Más de 400 hombres del Ejército Nacional refuerzan el Pie de Fuerza en los cascos urbanos y rurales”, explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Añadió que “de lo que se puede tener confianza es que esa respuesta se está pre

Habría muerto negociación con Eln

En el marco de su política de paz total el Gobierno desde un comienzo buscó acercamientos con distintos grupos armados (guerrillas y bandas multicrimen) para iniciar conversaciones con miras a su desmantelamiento negociado.

En este propósito la primera mesa que se instaló fue con el Eln, en noviembre de 2022, y a partir de ahí se realizaron cinco ciclos de conversaciones en Cuba, México y Venezuela, aunque sin mayores avances en la agenda; así como un par de cese el fuego.

No obstante, el proceso entró en barrena en febrero del año pasado, cuando el grupo armado dijo que se congelaba porque desaprobó que el Gobierno comenzara por fuera de la mesa a negociar en Nariño con una disidencia suya, Comuneros del Sur.

Desde entonces no se volvió a reunir la mesa, hasta que el pasado 7 de noviembre hubo un encuentro de las delegaciones del Gobierno y del Eln para analizar reactivarla. Al final quedaron en preparar un encuentro este mes, lo cual fue abortado por la administración Petro debido a la oleada de violencia que este grupo con las disidencias ejecutaron en el Catatumbo.

Como están las cosas y por las declaraciones que ha dado el presidente Petro y el ministro del Interior, se podría decir que una de las consecuencias de la crisis en el Catatumbo es el entierro del proceso con el Eln.

El jefe de Estado dijo que “lo sucedido en el Catatumbo no es, sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. La acción de masacre cometida por el Eln con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares”.

Agregó que “le corresponde al Ejército actual, el Ejército de la constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del Eln, su asesino. El Eln ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”.

El pasado 17 de enero, el presidente Petro anunció que se suspende el proceso de conversaciones. "Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra", "se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el Eln no tiene ninguna voluntad de paz".

En tanto que el ministro Cristo dijo que “es evidente que aquí lo que hubo fue una acción premeditada, con sevicia, organizada con mucho tiempo, con comandos trasladados desde Arauca, con engaño del Eln, porque estábamos a pocos días de, nuevamente, sentarnos en una mesa de negociación, supuestamente a mirar cómo se continuaba avanzando en la búsqueda de la paz”.

Luego el titular de la cartera de gobierno soltó una frase lapidaria: “El Eln ha botado a la caneca de la basura su última oportunidad de construir paz en Colombia y ahora nos corresponde como Estado y como sociedad enfrentar a estos criminales”.

Por otra parte, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 31 cabecillas del Eln por la violencia que ha generado este grupo en el Catatumbo.