La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia de tutela que mantiene la suspensión de las operaciones del Muelle 13 ubicado en Buenaventura, Valle del Cauca.
La resolución rechazó la impugnación presentada por el Grupo Portuario S.A., que buscaba anular la orden emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Origen de la controversia
La discusión jurídica se remonta a finales de 2024, cuando la Anla ordenó la suspensión de las actividades del Muelle 13 argumentando presuntas irregularidades en el cumplimiento de normas ambientales. Frente a ello, la empresa afectada promovió una acción de tutela, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, pues consideraban que la suspensión impactaba directamente su actividad comercial y el debido proceso.
No obstante, el 23 de enero de 2025, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Bogotá negó las pretensiones de la compañía, determinando que la tutela no era el mecanismo adecuado para impugnar actos administrativos de la Anla. Según el fallo, las disputas relativas a la legalidad de los actos proferidos por la entidad ambiental deben tramitarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Declaraciones de Petro
Un día antes del fallo, el presidente Gustavo Petro encendió el debate nacional al referirse a la situación del Muelle 13, afirmando que “el señor del muelle estaba haciéndose ganar una concesión cuando nunca ha sido concesionario”. Además, el mandatario sostuvo que “se habrían tirado el muelle y habría que demandarlo”.
Antecedentes del conflicto
La disputa en torno al Muelle 13 no es reciente. En diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió no aprobar la prórroga ni la modificación del contrato de concesión portuaria que permitía al Grupo Portuario S.A. operar en esta infraestructura. La decisión se basó en presuntas irregularidades en la gestión y operación del muelle, además de preocupaciones ambientales y de salubridad.
Posteriormente, en enero de 2024, la Anla ordenó la suspensión de las operaciones del Muelle 13, argumentando violaciones ambientales. La medida fue respaldada por el presidente Petro, quien citó riesgos para la salud pública.
A pesar de ello, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió una decisión favorable a los concesionarios, permitiéndoles continuar con la operación del puerto. Sin embargo, el Gobierno de Petro endureció su postura, denunciando que el contrato de concesión era “leonino y corrupto”, criticando el deterioro del muelle y la acumulación de carbón al aire libre, lo que representaba un riesgo ambiental para Buenaventura.
Futuro del Muelle 13
Ante la controversia, el Gobierno propuso que el Muelle 13 sea operado por pescadores artesanales, buscando así una gestión más sostenible y alineada con las necesidades de la comunidad local. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha reiterado que la prioridad es la defensa del interés público y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Además, el Gobierno ha destacado que, aunque los puertos colombianos tienen una capacidad instalada de 400 millones de toneladas, solo se utilizan 180 millones. En el caso de Buenaventura, de una capacidad de 48 millones de toneladas, solo se usan 20 millones, lo que indica un potencial infrautilizado que se busca optimizar.