El Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la tutela presentada por el Grupo Portuario, que buscaba revocar la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre la suspensión de las operaciones del Muelle 13 de Buenaventura. Esta medida fue tomada debido a presuntas irregularidades ambientales detectadas en el proyecto.
En su fallo, el juez explicó que el Grupo Portuario no presentó pruebas suficientes para demostrar que la suspensión causaría un perjuicio irremediable. De acuerdo con el documento difundido públicamente, el Grupo se centró exclusivamente en los posibles daños económicos derivados de la paralización de actividades, sin demostrar el impacto directo sobre los trabajadores o el área afectada. Además, el juez subrayó que la suspensión de las operaciones busca garantizar que el Muelle 13 cumpla con los requisitos ambientales estipulados por la normativa vigente, y que la empresa tiene la posibilidad de presentar un plan de manejo ambiental adecuado para retomar la actividad.
El magistrado también destacó que no hubo violación al debido proceso por parte de la Anla, y recordó que la tutela no es el mecanismo adecuado para reemplazar los medios de control judicial ordinarios, en este caso, los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Grupo Portuario podrá recurrir a esos mecanismos para impugnar la decisión de la Autoridad Nacional si así lo considera.
La resolución de la Anla, emitida el 2 de enero de 2025, ordena la suspensión de actividades del Muelle 13 hasta que la empresa demuestre que cumple con los requisitos ambientales necesarios para su funcionamiento. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, respaldó esta medida, argumentando que las operaciones del Muelle 13 ponen en riesgo los manglares, la calidad del agua, el aire y la salud pública en la región. Según Muhamad, el expediente entregado por la EPA Buenaventura, la autoridad ambiental local, revela una serie de irregularidades graves que afectan tanto el control ambiental como la moralidad pública del proyecto.
La ministra reiteró que no puede operar un puerto de esa magnitud sin contar con la licencia ambiental correspondiente de la Anla. Mientras tanto, la suspensión continuará hasta que se cumplan todos los requisitos establecidos para asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales aplicables.