El Gobierno Nacional anunció en rueda de prensa que la infraestructura donde operaba el Muelle 13 de Buenaventura regresará a manos del Estado con el propósito de fortalecer las industrias pesquera, naviera y astillera.
En 1997, el entonces Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, titular del contrato de homologación y administrador del predio, firmó un contrato de arrendamiento con un grupo portuario, bajo un acuerdo que estuvo vigente durante 27 años y concluyó el pasado 6 de enero de 2025. Este contrato, sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme a las normas vigentes. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada.
Desde hace un año, en el marco del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se identificaron alertas relacionadas con el componente ambiental del muelle. Este Consejo, en el que participan entidades como el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, evidenció presuntas irregularidades que llevaron a la toma de decisiones. Entre ellas, destaca que las características del puerto requerían una licencia ambiental y no solo un plan de manejo ambiental, como se gestionó originalmente.
Adicionalmente, una auditoría realizada por la Contraloría General durante 2023 reveló hallazgos sobre el estado de la infraestructura, irregularidades en la administración del contrato y deficiencias en la inversión destinada al mantenimiento y mejoramiento del muelle. Estos hallazgos, junto con el análisis ambiental, sustentan las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional respecto a la reversión del Muelle 13 para garantizar su adecuado uso y recuperación en beneficio del desarrollo industrial del país.
“Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y sólo usamos 180 millones. En Buenaventura, lo cual genera preocupación, hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto que hace todo el sentido cuando hablamos hay que modernizarlo”, explicó la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro.
El Gobierno Nacional, desde el Plan de Desarrollo 2022-2026, así como el CONPES 4118, estableció para el sector portuario la modernización y otras definiciones para sus puertos, así como la reindustrialización naviera. En este caso, teniendo en cuenta el potencial que hay en el Pacífico, la ruta es impulsar la industria pesquera.
“Hay otras políticas públicas desde el Gobierno nacional como la descarbonización de nuestra economía. El puerto maneja o manejaba carbón térmico. También tenemos otras políticas relacionadas con el impulso de nuestra industria pesquera, con el impulso de nuestra industria naviera para aprovechar esta infraestructura y apalancar el desarrollo de otras industrias en cumplimiento de las metas del Gobierno”, añadió la Ministra de Transporte.
La rueda de prensa en la que participó la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López; el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina Ramírez, y el Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, Segundo Comandante de la Armada Nacional, se explicó cada una de las actuaciones del gobierno nacional, basadas también en decisiones como la del Juzgado 2 del Valle de Cauca que generó medidas cautelares y suspendió el instrumento ambiental, con el cual se solicitó la prórroga de Muelle 13. A su vez, el tribunal también tomó una decisión frente a los actos administrativos que hizo la ANI frente al muelle.
Según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, en este caso pese a que la empresa contaba con plan de manejo ambiental, requería licencia ambiental por el calado y volumen de las operaciones. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no levantará la medida de suspensión temporal.
“Aquí hay un descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular, por lo tanto, con Anla, con base en lo que estamos definiendo y en la norma, responderemos las denuncias penales y disciplinarias frente a la situación de no haber controlado una operación de este calado y sus posibles afectaciones”, afirmó la jefa de la cartera ambiental.
Muhamad también hizo un llamado al nuevo Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para que revise a fondo la actuación de su delegado ambiental y agrario en esta situación.
“Yo no entiendo cómo con las evidencias técnicas y jurídicas el procurador no está apoyando la actuación de las autoridades ambientales, sino por el contrario intercediendo en su posición a favor del operador portuario. El deber de la Procuraduría es prevenir posibles riesgos frente a los derechos colectivos al ambiente sano”, aseguró Muhamad.
Sobre la situación de afectación al empleo, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López explicó que no es cierto que se vayan a perder empleos. El muelle 13 es uno de 15 muelles, que pueden resolver cualquier situación que se esté presentando. “Para descargar un buque de estos se requieren 40 o 50 personas, cada tres días, esos trabajadores son contratados a destajo, esos no son trabajadores de planta, esos trabajadores ingresan al muelle cada que llega un buque, pero esos trabajadores no solo prestan ese servicio allí en ese muelle, existen 15 muelles más y esos trabajadores están rotando en cada uno de esos muelles de acuerdo con la carga que esté llegando. Eso que dicen que se van a perder 500 empleos, 600 empleos en este caso no es tal, porque la dinámica de descargar un barco utiliza entre 40 a 60 trabajadores que están rotando por todos los muelles”, enfatizó el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya.