Según la Organización Nacional Indígena en Colombia existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 18 están en franco proceso de extinción. Aproximadamente dos tercios de los indígenas del país se concentran en los departamentos del Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonas, Nariño, La Guajira, Cauca, Córdoba y Sucre, con un mayor peso de población en los cuatro últimos de los mencionados.

Sería necio no reconocer que el Estado colombiano tiene una deuda histórica con nuestras comunidades indígenas, especialmente en cuanto a territorio y demás derechos económicos sociales y culturales, pero se ha venido avanzando en la apropiación de recursos y en la formulación de políticas para su protección desde la expedición de la Constitución de 1991.

La situación de los pueblos indígenas no es la misma en las diferentes regiones. Hay unos que viven en una situación de mayor vulnerabilidad y sus condiciones son tan precarias que los ha puesto en un lamentable proceso de extinción; tal es el caso de los Nukak en el Guaviare.

Las comunidades indígenas que se agrupan alrededor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRI son de los más occidentalizados y, por consiguiente, de los que más capacidad tiene de hacerse oír y reclamar sus derechos. En los últimos años han venido promoviendo movilizaciones en cada gobierno y en desarrollo de lo cual han acudido a vías de hecho, como el bloqueo de la Panamericana; y, en ese escenario, han realizado acuerdos con los sucesivos gobiernos. Hoy están reclamando el cumplimiento de un acuerdo que se celebró con ellos en el 2014, en el sentido de que anualmente se les entregarían 10 mil hectáreas para un total de 40 mil con destino a sus resguardos indígenas. Este compromiso, según los voceros del gobierno, no se puede cumplir en la forma en que se plantea, como tampoco pudo el gobierno anterior.

El presidente Duque ha dicho que se tiene previsto la ejecución de $ 10 billones para la atención de los pueblos indígenas en los próximos cuatro años, en el marco del Plan de Desarrollo. Por tanto, no se entiende por qué no se aprovecha el trámite de la Ley del Plan en el Congreso para establecer el mecanismo de destinación de esos recursos en cada vigencia. Lo que no debe seguirse haciendo es la firma de acuerdos al calor de las movilizaciones que, finalmente, no se pueden cumplir como ha quedado demostrado.

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Se ha ido complicando de nuevo la situación de orden público en el Catatumbo. Desde la desmovilización de las Farc los grupos armados ilegales que han hecho presencia en la zona  como el Eln, el último reducto del EPL y ahora las disidencias de las Farc, han buscado copar los espacios que antes ocupaba esa guerrilla y, para tal efecto, han venido intensificando las acciones violentas en esta región del país. Hay que llevarle desarrollo al Catatumbo, satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes y mejorar las condiciones de seguridad con las medidas que se han venido adoptando.