En Colombia un sobresalto mata el del día anterior. Con las repudiables asonadas en todas las principales ciudades del país parece haber pasado a segundo plano el debate sobre el caso de Avianca. Sin embargo, además de las medidas cautelares que para el desembolso del crédito decretó el Tribunal de Cundinamarca, recordemos que cuando se anunció el apoyo por US$ 370 millones a la compañía aérea quedaron flotando muchas preguntas que nunca fueron respondidas. Ahora han surgido otras nuevas cuestiones que tampoco han sido contestadas satisfactoriamente.

La primera de ellas la puso sobre el tapete una investigación de la W. Resulta que un día antes de que se anunciara la disposición del Gobierno para otorgar el crédito a Avianca se contrató un estudio de riesgos con la firma Arnold and Porter. Es decir, cuando se anunció el crédito, el Gobierno aún no conocía los riesgos que esta operación crediticia entrañaba. Pero al anunciarlo se convirtió en un hecho cumplido. Recuérdese que uno de los riesgos que desde la primera hora se señalaron fue lo incierto que resultaba para el erario recobrar estos dineros al cabo del plazo tan estrecho como el anunciado de 18 meses.

Concluye el estudio de la W que “el Gobierno se lanzó a confirmar un préstamo a la aerolínea teniendo las mismas dudas (no dilucidadas de antemano, agregamos) que aún tienen los colombianos, y sin tener certeza técnica y jurídica de que los recursos, que ascienden a 370 millones de dólares, se recuperarán”. Lo que hizo el Gobierno fue algo así como si un banco confirmara el otorgamiento de un crédito a uno de sus clientes antes de hacer el estudio de riesgo correspondiente.

Otra pregunta que ha aparecido sobre el caso de Avianca tiene que ver con las cuantiosas transacciones que tuvo su acción en bolsa en los días anteriores a que se anunciara el crédito por 370 millones de dólares. Todo parece indicar que se dio el fenómeno conocido como “uso de información privilegiada”, que es un delito dentro de la legislación colombiana. Lo mismo que sucede en todos los países donde existe un mercado de capitales medianamente desarrollado. Y que consiste, en esencia, en que alguien, conociendo información privilegiada de algo que va a suceder pero que no conoce el resto del mercado, realiza transacciones bursátiles para lucrarse indebidamente.

El caso fue contundentemente documentado por el columnista Paul Weiss Salas en la edición del periódico Portafolio del pasado 7 de septiembre.  Allí se relata cómo entre el 3 y el 27 de agosto la acción de Avianca (sin que existiera razón conocida para ello) se valorizó 86,9%, y entre el 3 y el 28 de agosto aumentó de nuevo su valor un 21,2%. El crédito se anunció el 29 de agosto.

 Es decir, participantes en el mercado que disponían de información privilegiada de que este crédito para Avianca se estaba cocinando en el FOME pagaron precios muy altos, pues sabían que una fuerte valorización de la acción venía en camino una vez que se hiciera pública la noticia del crédito. Seguramente con el propósito de revenderlas luego con grandes utilidades. Ni la bolsa de valores ni el comité de autorregulación del mercado de acciones han dado hasta el momento ninguna explicación convincente.

 “Todo lo anterior, concluye el columnista citado, contradice las sanas costumbres en los mercados bursátiles del mundo, en los cuales toda información que pueda afectar el desarrollo de una empresa cuyas acciones estén inscritas en la bolsa, o afectar su precio, debe ser anunciada públicamente tan pronto como sea posible sin afectar el normal desarrollo del mercado. Parece evidente que esto no sucedió en este caso pues todo indica que algunos privilegiados lo supieron antes”.

Tampoco se explica por qué una acción de una compañía como Avianca que tiene patrimonio negativo y que está en proceso de reestructuración ante las autoridades de New York sigue inscrita en el mercado de valores colombianos. Y no se ha suspendido todavía su cotización, como debió haberse hecho.

En torno al crédito de Avianca siguen, pues, apareciendo más preguntas que respuestas que el gobierno no se ha tomado el trabajo de explicar. Mientras menos transparente sea la operación, menos aceptación tendrá este salvamento con recursos públicos por parte de la ciudadanía.