Pastrana recibió su gobierno con unas fuerzas militares abandonadas por la negligencia de sus predecesores. Desde Turbay no se le ponía atención ni recursos suficientes al sector, aun cuando el país estaba inundado de coca y la violencia recrudecida impedía hasta el libre uso de las carreteras. Ya en el poder Pastrana implementó, con la ayuda del presidente Bill Clinton, el Plan Colombia, diseñado para combatir el narcotráfico pero que permitió con el visto bueno de los Estados Unidos mejorar las condiciones de las fuerzas militares, desde darles botas nuevas y uniformes a los soldados hasta helicópteros artillados.
El Plan Colombia fue criticado por las consabidas ONG, con Amnistía Internacional a la cabeza, lo cual habla muy bien del mismo y de su desarrollo.
Durante el Gobierno de Uribe el fortalecimiento de las fuerzas armadas siguió adelante y se avanzó enormemente en la reducción de los cultivos de coca, pero también en seguridad. De las caravanas en las carreteras se llegó a poder viajar tranquilamente. La guerra aérea fue fundamental en esta etapa. Y, aunque los soldados recibían capacitación no solamente de orden cerrado, estrategia y logística, sino también en materia de derecho de guerra, derechos humanos (DDHH) y derecho internacional humanitario (DIH), la CIDH y la Corte IDH la emprendieron, azuzadas por las ONG internas, contra el gobierno y las fuerzas militares.
Santos, que llegó al Gobierno de la mano de Uribe y por haber sido su ministro de Defensa, olvidó al poco tiempo lo que aprendió como cadete naval y como ministro del ramo y, obsesionado por su acuerdo de paz y la perspectiva de un Nobel, dejó que decayeran los esfuerzos anteriores y, según cuentan los interesados, incluso fomentó o dejó que avanzaran rencillas entre altos oficiales o que hubiera corrupción en sus estratos. Las cortes la emprendieron contra los antiguos funcionarios de Uribe, dentro de ellos altos oficiales, algunos de los cuales aún purgan penas por actos cometidos en cumplimiento de su deber en tiempos de guerra o porque simplemente se los achacaron.
No obstante los esfuerzos de los comandantes generales del Ejército en la época de Duque, aún no se observa que se hayan restablecido como debieran las capacidades militares. Es fácil ver que las disidencias de las Farc, las bacrim y los grupos narcos que aún subsisten tienen una capacidad que supera a veces la acción militar y el ataque reciente en La Macarena lo prueba, así como el libre accionar en el norte del Cauca, en Antioquia, Chocó y Catatumbo. Aún falta inteligencia y uso de fuerza aérea.
Desde el Gobierno de Santos se le quitó la importancia que tuvo anteriormente la capacitación de los oficiales, suboficiales y soldados en DDHH y DIH, así como, en el caso de la Policía, en el tratamiento de la población civil, de manera que no es raro que haya abuso policial. Hay que restablecerla. La violación de una niña indígena por soldados regulares del batallón San Mateo en Pueblo Rico (Risaralda), rápidamente aclarada por la Fiscalía, demuestra la carencia de capacitación de los soldados y la falta de vigilancia de los suboficiales a cargo del contingente.
El Congreso acaba de aprobar una reforma constitucional que establece prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. Desafortunadamente no se puede utilizar en este caso por falta de reglamentación. Aun así, el Código Penal aplicable contempla penas de hasta treinta años, que deben darse a estos violadores confesos. Y que la Corte Constitucional no vaya a declarar la inexequibilidad de la reforma por “violar la Constitución” (?), como lo piden los mamertos de siempre.