De “cicatera” califican algunos la estrategia financiera y presupuestal del Gobierno para hacerle frente a la crisis del coronavirus. Anotan que como proporción del PIB estamos invirtiendo mucho menos que otros países latinoamericanos.

El director de crédito público, César Arias, en excelente entrevista que concedió al portal “Primera Página” (mayo 18) explica, con mucho detalle, cuál es la estrategia financiera que desde el Ministerio de Hacienda se está desplegando para atender los costos en los que ya se ha incurrido y los que están por venir.
A mi modo de ver esta entrevista de Arias es la explicación más completa que hasta ahora ha divulgado el Gobierno para entender el delicado predicamento fiscal al que nos enfrentamos.

La entrevista está dividida en dos partes. En la primera explica cómo se va a financiar el déficit del 6,1% del PIB en el 2020, que es lo que hasta el momento se le ha autorizado incurrir al Gobierno, vía mayor endeudamiento, por la comisión de la regla fiscal.

En la segunda parte explica cuáles son las que él denomina “líneas de defensa”, que no son otra cosa que lo que habría que hacer en el evento de que los costos de la pandemia lleguen a exceder el límite del endeudamiento autorizado al Gobierno, o sea, el 6,1% del PIB. Límite que se descompone en tres fuentes:
La primera es el incremento de endeudamiento que por 2,7% del PIB protocolizó el decreto 444 del 2020 de la primera emergencia económica, en virtud del cual el Gobierno le tomó dineros prestados a departamentos y municipios (pensiones, fondo de estabilización de las regalías) así como la inversión forzosa que se le impuso a los bancos.

El siguiente tramo del 2,2% del PIB es el que se venía contabilizando hasta antes del estallido de la pandemia. Este déficit básicamente se había venido financiando con emisiones de TES en el mercado interno.
El tercer tramo del déficit (1,2 % del PIB) corresponde a la caída de recaudos de la Dian en este año, que se está calculando en $12 billones frente a lo originalmente estimado. Este tramo del déficit se estará financiando con créditos ya contratados con multilaterales que ascienden a US$ 3.000 millones.

Ahora bien: ¿qué va a pasar si los costos de la pandemia, a la hora de la verdad, exceden la barrera del endeudamiento autorizado del 6,1% del PIB? hipótesis que algunos consideramos como la más probable. La fuerza de los hechos llevará al Gobierno a traspasar la barrera que él mismo se ha señalado para su endeudamiento.

Si se supera esta barrera, el director de Crédito Público señala -con lenguaje guerrero- lo que denomina cuatro “líneas de defensa”. A saber:
Primera, utilizar la línea contingente de crédito que el Gobierno tiene en el FMI, que asciende a US$10.800 millones. Segunda línea de defensa, recurrir al mercado local de deuda colocando bonos cuyos plazos podrían ascender -dice el director del crédito público- a 20, 25 o 30 años. La tercera línea es lo que Hacienda denomina “reacomodación” del presupuesto, que consiste en recortar gasto público por $6 billones de pesos. Y, una última línea, sería utilizar más créditos de multilaterales, aunque su costo, dice el Dr Arias, son altos. Y la estrategia toda parece estar diseñada para incurrir en los menores costos financieros posibles.

Por el momento no parece estar en el radar del Gobierno tocar las puertas del crédito del Banco de la República ni tampoco utilizar, al menos en una primera instancia, recursos de origen tributario a través de una nueva reforma impositiva.

Lo que es cierto es que al país le va a terminar costando más, mucho más, de lo que está previendo la lucha contra la pandemia y la recuperación de la economía.

Si se tiene en cuenta que 2,2% del déficit que analiza el director de crédito público obedece a endeudamientos prepademia, habrá que concluir que para esta emergencia solamente se han comprometido hasta la fecha 4% del PIB (40 billones en cifras redondas) que no es cicatero pero luce insuficiente. Y obedece a una óptica de gradualismo homeopático muy propia de los colombianos.

De manera que el recurso a las “líneas de defensa” que menciona el director de crédito público parece ineludible. Quedan muchos gastos no contabilizados aún, que no caben dentro del endeudamiento máximo autorizado hasta la fecha pero en los que se terminará incurriendo, así: ¿Se ayudará más a las empresas? ¿Habrá subsidios más generosos para paliar el aterrador desempleo que ya se vislumbra? ¿Habrá un plan de gasto presupuestal contra cíclico que privilegie la recuperación económica con un gran programa de obras públicas y de apoyo a la vivienda en la pospandemia? ¿El desplome de los recaudos de la Dian este año será mayor de los muy conservadores $12 billones que está calculando el Gobierno? ¿Habrá un programa de ayuda a departamentos y municipios a los cuales también se les han ido al suelo los recaudos?

Son muchas las preguntas que quedan flotando, ninguna de las cuales tiene respuesta fiscal dentro de la autorización para endeudarse hasta por 6,1% del PIB. Ese cupo tendrá forzosamente que ampliarse. Y no sería irresponsabilidad hacerlo. La crisis es de tal magnitud que no podemos engolfarnos en un gradualismo válido para otras épocas, pero que los tozudos hechos están desbordando.