El fracking es una herramienta para extraer gas y petróleo de manera no convencional, técnica que se viene analizando y debatiendo en la agenda pública del país desde el año 2012, momento en el que el expresidente Juan Manuel Santos dio el primer paso conformando la Comisión de expertos para dar inicio a una ruta técnica buscando insumos científicos que permitiera caminar hacia una decisión de Estado de hacer o no fracking en Colombia.

Posteriormente el gobierno de Iván Duque constituye la segunda comisión de expertos, que entregó insumos técnicos y científicos con claras recomendaciones para realizar los PPIC- Proyectos Pilotos de Investigación Científica Fracking-, con la única finalidad de lograr mediante la ciencia determinar el nivel del riesgo que podría existir o no en materia ambiental y de salud, si utilizamos esta herramienta.

“Colombia sin fracking” es la propuesta del Gobierno del “cambio” de Petro y cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que prohibiría esta técnica en el país; iniciativa que carece de un estudio profundo y responsable, iniciativa que obedece a una promesa de campaña como muchas que hizo el Presidente, de manera ligera e irresponsable.

Devolviendo la película algunos años, la opinión pública, académicos y ambientalistas se tornaban anti fracking, afortunadamente la sensatez que despertó la guerra entre Rusia- Ucrania y la pandemia obligaron a darle un giro drástico a la agenda global de cambio climático y a la Transición Energética, poniendo en el centro de la discusión la seguridad energética como elemento fundamental de cada Estado, y evitando la dependencia energética.

Hoy vivimos un riesgo inminente de convertirnos en un país dependiente. En lo que va del año han sido tres las salidas en falso del Gobierno frente a las reservas probadas de gas y petróleo. El último informe arrojó que solo tendríamos abastecimiento hasta por 7,2 y 7,5 años de petróleo y gas, y que posiblemente a partir del 2026 y 2028 tendremos que importar hidrocarburo al país.

El gas natural se ha convertido en una de las energías fundamentales para la vida de los colombianos: 11 millones de hogares consumen gas natural, equivalente a 37 millones de ciudadanos, de los cuales el 67% son de estratos bajos; en el año 2000 el gas natural significaba el 24% del suministro total de energía en la región, para el 2020 aumentó al 31%, el crecimiento de producción fue de manera exponencial en México, Argentina, Bolivia, Venezuela y Perú. Un caso de éxito es el de Argentina donde mediante el fracking aumentaron en un 173% las reservas probadas de gas, solo en la región Vaca Muerta.

El gas tiene un potencial de sustituir la energía hidroeléctrica para el año 2030, oportunidad para la región, según análisis de Naciones Unidas. Vale recordar que combatir el desequilibrio social, la pobreza y la desigualdad son los retos económicos más críticos para América Latina que tiene 650 millones de habitantes, de los cuales 195 millones viven en la pobreza y 85 millones en la pobreza extrema.

Sería el extremismo ideológico de izquierda que nos llevarían al fracaso como país. El aumento del combustible es un ejemplo claro, solo basta con analizar la situación económica  que enfrenta el sector de los taxistas; con el aumento de la gasolina, de diciembre a agosto del 2023 llevamos un alza del 38% es decir, $3.843 adicional en el precio por galón y esto significa para los conductores de transporte público individual de pasajeros un sobrecosto diario de $19.215 pesos, basado en que un taxi consume cinco galones en promedio por día, llegando a un desfase por mes de $499.590.