De no ser por los informes del Cerac y del Instituto Kroc (centro de investigación sobre procesos de paz anexo a la Universidad de Notre Dame) que tienen el mandato de evaluar la implementación de los acuerdos de paz, quedaría la sensación que todo marcha a las mil maravillas.

Aunque las declaraciones del presidente Duque o de su consejero Archila sobre los acuerdos finales de paz suelen tener un plausible tono de compromiso en el que no se adivina ningún ánimo para hacer trizas los acuerdos, cuando se desciende a los hechos concretos se evidencia un bache grande entre los dichos y las realidades.

El último informe del instituto Kroc (dice la Silla Vacía de julio 10 de 2020) “revela un panorama desalentador. Si el ritmo de la implementación continúa igual durante los dos últimos años del gobierno Duque, sólo la mitad de las disposiciones contempladas para implementarse entre 2020 y 2022 estarán completas al final de su mandato. Esto significa que para entonces la construcción de la paz estaré en cuidados intensivos. Solo el 25% de las disposiciones del acuerdo se han implementado completamente. Sin embargo, el 23% se habían completado para agosto 2018, lo que quiere decir que en 2019 solo se completó un 2% de las disposiciones”, concluye.

Algunas informaciones gubernamentales parecen buscar más la propaganda que la realidad. Por ejemplo, hace poco se divulgó con bombos y platillos por la agencia de tierras la noticia de que ya se había completado un millón de hectáreas (30%) del fondo de tierra creado por los acuerdos finales de paz.

Pero se dejó de informar que 400.000 hectáreas de ese millón es un predio denominado curiosamente “el baldío”, que desde hace más de 40 años está ocupado por cerca de 2.000 familias. Y que por lo tanto carece de vocación para ser entregado a campesinos “sin tierras o con tierra insuficiente” como rezan los acuerdos de La Habana. Por otra parte, este fondo de tierras apenas ha distribuido -según ha trascendido- 1.700 hectáreas. O sea, nada. Esto sería bueno que lo clarificaran los responsables de la agencia de tierras.

Las leyes necesarias para impulsar el acuerdo sobre política agraria integral de que trata el punto número uno de los acuerdos de paz también ha tenido un desarrollo melancólico. Esta es la hora, por ejemplo, que ni la ley de tierras ni la que tiene como propósito actualizar las normas sobre riego y drenaje (que tanto necesita Colombia) han podido avanzar en sus respectivos trámites parlamentarios.

Se habla frecuentemente de la suerte de los Pdet: se informa puntual y profusamente sobre la más mínima inversión que allí se hace. Olvidando que esta figura territorial, aunque valiosa, es apenas una mínima porción de los acuerdos de paz que permite focalizar la inversión del Estado en los 172 municipios más pobres y marginados del país. Los Pdets son importantes, pero no son el todo del asunto.

Todo esto es bueno ponerlo en la perspectiva del coronavirus. Como ya lo han señalado todas las estimaciones serias que están saliendo, la crisis de la pandemia va a dejar en el país una cantidad de pobres mayor que la que hoy hay; y unas condiciones de indigencia aún mayores.

Dicho de otro modo: la pandemia va a exacerbar la mala distribución del ingreso en Colombia. Y puede agrietar por lo tanto la seguridad alimentaria que, recordémoslo, no solo consiste en restricciones que puedan darse en la oferta de alimentos en un momento dado sino también en la incapacidad de segmentos débiles y empobrecidos de la población para adquirir la cantidad requerida de calorías. Ya entidades como la FAO empiezan a alertar sobre este grave riesgo que plantea el coronavirus.

De allí que el cumplimiento cabal (dentro de los cronogramas que exige el posconflicto que se extienden naturalmente en varios años) de los programas y objetivos que contempla la “reforma rural integral “que aparece en los compromisos de La Habana debe ser uno de los referentes fundamentales de las políticas públicas del país en adelante.

Infortunadamente, como lo advierten informes independientes como los del instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame ya citado, nos estamos quedando rezagados en el cumplimiento de metas.

El manejo del día a día de la pandemia no puede hacernos olvidar que existen también otros aspectos de políticas públicas -como la implementación de los acuerdos de paz- que no pueden dejarse de lado.