Cuando todo el país espera, desde hace varias décadas, una reforma a la justicia, que le permita un mejor acceso al ciudadano, que mejore los tiempos para que sea rápida y oportuna, que evite la corrupción y el clientelismo; anhelo ciudadano que se ha venido postergando por diversas razones, se sorprende al país con unas propuestas de reforma en el actual momento en el Congreso de la República, que en nada sirven a la administración de justicia y por el contrario, configuran más bien una reforma al poder judicial y del Estado, que tiende a favorecen intereses políticos y acentuar el amiguismo y la corrupción.

La iniciativa, pretende modificar la Constitución para cambiar los requisitos que hoy se exigen para elegir altos dignatarios como, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Fiscal General, Procurador General y Contralor, asunto que en nada perturba o mejora la administración de justicia.

Se pretende eliminar la competencia del Consejo Superior de Judicatura para integrar las listas que llenen las vacantes en la Corte Suprema y en Consejo de Estado, para que sean estas corporaciones las que directamente llenen sus vacantes a través de convocatorias públicas. Se da marcha atrás en un tema en el que avanzó la Constitución del 91, para regresar a un sistema que ennoblecía la elite y el amiguismo. Se pretende, además, esquivar la regulación para el retiro forzoso, a fin de privilegiar los periodos. Ya tuvimos bastante con correrlo a los 70 años, para favorecer a unos cuantos.

En cuanto  a los requisitos para la elección del Fiscal o el Defensor del Pueblo, la iniciativa propone que a quienes opten por estos cargos ya no se les pida el cumplimiento de parámetros similares a los que se utilizan para la elección de Magistrados, tales como experiencia mínima de quince años en cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en instituciones reconocidas oficialmente. Eliminar estos requisitos, parecería que busca abrirle el espacio para que alguien en especial, que no cumple con dichos requisitos, pueda llegar al cargo de Fiscal General en los próximos años. Queda abierta la puerta giratoria para que se perpetúen en la función pública, pasando de un cargo a otro.

También se pretende que quienes ejercen estos altos cargos no sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Comisión de Acusaciones y por el Senado. Esta iniciativa, llena la taza; lo que se hace ahora por la Comisión de Acusaciones y el Senado, es un antejuicio político, para declarar la indignidad del funcionario; el que, una vez cumplido, permite que los aforados sean investigados o juzgados según el caso por el juez natural que es la Corte Suprema de Justicia.  La reforma debería ser la contraria, que se suprima el antejuicio, que lo único que ocasiona es demoras para que inicien los procesos ante el juez ordinario asignado por la Constitución. Pretender convertir al Congreso en juez competente, es por lo menos una barrabasada. Estamos frente a una contrarreforma.