Años atrás, en medio de uno de los picos más altos del conflicto armado, recuerdo que uno de los debates más reiterados era el referente a si en Colombia había una “cultura de la muerte”, ya que todos los días, con la mayor sevicia e inhumanidad, se violaba el derecho sagrado a la vida, que es al mismo tiempo la principal y más valiosa de las garantías constitucionales.

Hoy, afortunadamente, la tasa de homicidios en nuestro país ha bajado sustancialmente, aunque ello no significa que los grupos armados ilegales y la delincuencia común no sigan cobrando vidas inocentes todos los días.

También resulta evidente que hay una mayor conciencia entre los colombianos sobre la necesidad de un respeto más proactivo a los derechos humanos, al punto que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha emitido trascendentales fallos ampliando su ámbito de protección, en tanto el Congreso elevó algunos, como el de la salud, a la categoría de fundamental.

Es más, la jurisprudencia constitucional ha ido más allá, reconociendo a los animales como seres sintientes, que merecen máxima protección contra cualquier abuso o maltrato. Incluso, en la misma dirección garantista de la Carta, la Corte ha reconocido a ríos como Atrato o el Magdalena como “sujetos de derecho”.

Precisamente por todo lo anterior es que me sorprendió e indignó la ponencia que la semana pasada radicó el magistrado Alejandro Linares en la que plantea despenalizar el aborto cuando se realice antes de la semana dieciséis del embarazo.

Como católica practicante; como hija, hermana, madre o tía de una familia criada con una escala de valores en donde el de la vida es el más sagrado; como colombiana que siempre se ha opuesto a la “cultura de la muerte” que los violentos nos han querido imponer; como dirigente política que desde altos cargos en el gobierno, la diplomacia o el Parlamento siempre defendí los derechos de los más inocentes, no puedo más que rechazar de la manera más enfática que en Colombia un jurista del máximo tribunal plantee la posibilidad de ‘legalizar’ el asesinato premeditado de un ser humano. Sí, un asesinato, porque la vida comienza en el momento mismo de la concepción, en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo. Por lo mismo, cualquier acto que de allí en adelante se realice para truncar el desarrollo de esa vida dentro del vientre materno es, claramente, un homicidio. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si una mujer no quiere al hijo que espera, hay miles de parejas en el país y en el mundo dispuestas a adoptarlo cuando nazca.

Paradójicamente la Corte Constitucional también estudia otra demanda que pide penalizar totalmente el aborto. No creo que esa sea la solución. Desde hace años se acepta en Colombia la interrupción temprana del embarazo cuando este sea producto de una violación, se compruebe malformación congénita del feto o incluso en los casos en que esté en peligro evidente la salud física y mental de la madre.

El alto tribunal, que ha demostrado en sus fallos ser tan garantista de los derechos de las personas, los animales y hasta los ríos, no puede ahora convertirse en un instigador más de la “cultura de la muerte”. Eso es inadmisible desde todo punto de vista. La vida es sagrada.