LENTO AVANZAN las conversaciones del Gobierno con grupos armados ilegales en su política de paz total y también pandillas, en lo que corresponde esto último a Buenaventura y Medellín. Además de las dificultades propias de este tipo de diálogos, como son las controversias en la mesa en torno a la agenda que se discute o recriminaciones por la forma como se desarrolla en los casos en que hay pactado el cese al fuego, un problema complejo es que la mayoría de estos procesos no cuenta con un marco jurídico para llevarse a cabo o hay dudas sobre cómo aplicarlo.

El mayor problema es que no hay una ley de sometimiento para los grupos delincuenciales que por su origen y actividad el Gobierno no les puede otorgar estatus político, pues su accionar no está dirigido contra el Estado, sino más bien a explotar rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Consciente de ello, uno de los primeros proyectos que presentó la Administración Petro en 2023 fue la ley de sometimiento a la justicia, que debería servir para procesos que en ese momento estaban en perspectiva, porque había ya contactos con algunos grupos o manifestaciones de interés de éstos de participar en la política de paz total, como el Clan del Golfo, el cual hoy se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia; el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos); Los Rastrojos; y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros.

Sin embargo, este proyecto se hundió a mediados de 2023 al cierre de la primera legislatura, debido a que no tuvo primer debate por los reparos de las bancadas de oposición e independientes porque, supuestamente, beneficiaría a los narcotraficantes y porque no se aplicaría justicia; así como por varias observaciones que presentó el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, por los efectos de la norma pretendida. Entre otros, él pidió que los bienes afectados con medidas cautelares no hicieran parte de las negociaciones con las organizaciones criminales.

En cambio, el Gobierno sí logró que el Congreso le aprobara la prórroga de la Ley 418 por la cual tiene el aval para entablar diálogos y llegar a acuerdos de paz con organizaciones a las que les reconozca estatus político.

Con Clan del Golfo

El pasado lunes el Gobierno abrió la puerta por medio de una resolución a iniciar conversaciones con el Clan del Golfo, en la cual designa a sus delegados para la mesa y reconoce a las personas que integrarán el equipo del grupo delincuencial.

Sin embargo, el abogado Ricardo Giraldo, quien representa jurídicamente a este grupo criminal, dijo que “el Clan del Golfo no lo ve como una posibilidad. Yo he dicho que el sometimiento no sirve para nada”.

Agregó que “el reconocimiento político para mí es un embeleco, pero es indudable que ellos tienen un carácter político dentro de sus estructuras y actúan como un Estado donde hacen presencia”.

Con Eln

La mesa con el Eln fue la primera que instaló en Caracas el Gobierno en 2022, desde el comienzo con un marco jurídico definido porque la Casa de Nariño le reconoció a este grupo estatus político como una guerrilla que está levantada contra el Estado colombiano desde los años 60.

Sin embargo, la negociación está suspendida desde marzo pasado por parte de esta guerrilla debido a la inconformidad que ha manifestado por los diálogos paralelos a la mesa que ha desarrollado el Gobierno en Nariño con el frente Comuneros del Sur, el cual hizo parte del Eln. Este grupo armado ha calificado como una “conducta contraria al juego limpio y la buena fe”.

Otro aspecto que ha incidido en que esté congelada la mesa es que el Eln pide financiamiento para el sostenimiento de sus frentes como condición para suspender los secuestros que le ha exigido el Gobierno en los diálogos.

Para ello, el presidente Petro propuso un fondo multilateral, aunque advirtió que “no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante. Depende de los acuerdos. El proceso de paz con el Eln es progresivo”. De hecho, en la mesa se acordó un fondo multidonante con recursos que entreguen países amigos del proceso y el mismo Estado colombiano.

No obstante, está previsto que los recursos que obtenga este fondo se destinarán únicamente a financiar actividades relacionadas con la paz. Lo cual dejaría sin piso el pedido del Eln que lo sostengan económicamente para dejar de secuestrar.

Segunda Marquetalia

En Caracas se instaló, en junio pasado, la mesa entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, reincidencia de las Farc que fue fundada y se integró por excomandantes de esa guerrilla, liderados por alias ‘Iván Márquez’, que participaron en las negociaciones de La Habana, pero que posteriormente traicionaron el Acuerdo de Paz pues no siguieron concurriendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder por sus delitos y retomaron las armas.

El Gobierno y la Segunda Marquetalia anunciaron el pasado 9 de febrero que acordaron llevar a cabo una mesa de diálogo de paz, con lo cual de manera implícita la Casa de Nariño le reconoció a este grupo armado estatus político.

Sin embargo, hay un debate jurídico porque por tratarse de una reincidencia no podría obtener estatus político. Incluso en mayo pasado, el Consejo de Estado admitió una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE) contra la Resolución 65 del 28 de febrero de 2024, por la cual se reconocen representantes de la Segunda Marquetalia para el desarrollo de la mesa de diálogos de paz.

El senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador en el gobierno Santos en los diálogos de La Habana que condujeron al Acuerdo de Paz, dijo sobre ‘Iván Márquez’ que “no puede una persona valerse de las ventajas del Acuerdo y regresar a la toma de las armas, porque eso viola claramente el principio de no repetición y esos son normas vigentes de estatus constitucional”.

Con las disidencias

En mayo de 2023 el Gobierno inició la negociación con las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, las cuales se conformaron a partir del Frente Primero de las Farc que no participó en las negociaciones de La Habana y, por ende, no aceptó el Acuerdo de Paz.

Por ello, el Ejecutivo reconoció a las disidencias estatus político y, como tal, las conversaciones se llevan a cabo a la luz de la llamada Ley de Paz Total o prórroga de la Ley 418, y bajo el entendido de que es una negociación y no un sometimiento de este grupo a la justicia.

Entonces, la parte jurídica no parece ser el problema en este proceso, sino lo que ha surgido en el desarrollo del mismo, pues alias ‘Iván Mordisco’ se levantó de la mesa después de que el Gobierno suspendió el cese el fuego en marzo pasado por los incumplimientos del grupo armado, quedando en la negociación unas facciones minoritarias: 16 estructuras de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño' y el frente Raúl Reyes, del Estado Mayor Central.

Pacificación urbana

El Gobierno lleva a cabo dos procesos buscando la pacificación urbana, uno en Buenaventura, en el Valle, y otro en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia, en los que ha sumado al diálogo a varias bandas que manejan el microtráfico y la extorsión, logrando en algunos casos una tregua entre estas organizaciones para reducir la violencia y los múltiples crímenes de jóvenes que se producen en la lucha por los territorios.

El pasado lunes, fue extendida la tregua por 90 días en Buenaventura entre los Shottas y Espartanos. Sin embargo, esas organizaciones hicieron un llamado al Gobierno nacional para establecer un marco jurídico que permita avanzar en este proceso de paz.

“Es imperativo que el Gobierno nacional, en su compromiso con la paz del Distrito de Buenaventura y la garantía del derecho constitucional a la paz de sus ciudadanos, garantice un marco jurídico que permita a las partes involucradas sentarse en la mesa de negociación con las garantías necesarias. Este marco jurídico es fundamental ya que blinda el proceso y, a su vez, motiva a otros a dejar la ilegalidad”, indicaron los Shottas y Espartanos en un comunicado.