EN EL Congreso de la República continúan las discusiones para presentar la ponencia del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria que se discute con mensaje de urgencia en la Comisiones Primeras Conjuntas de la Cámara y Senado. En consecuencia, el Congreso avanza en dos aspectos importantes, el pasado 18 de noviembre se realizó una audiencia pública en la cual los congresistas tuvieron la oportunidad de escuchar a los gremios y a la academia para conocer sus puntos de vista frente al proyecto de acto legislativo.

En ese sentido, se señaló por parte de los intervinientes que aún existen desacuerdos sobre la implementación de la Jurisdicción de Paz sin tener en cuentas las recomendaciones de la Corte Suprema para que se ajuste la ley al acuerdo de paz, y que no se legalice la expropiación de tierras ni las invasiones de predios baldíos.

Al respecto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, Jorge Bedoya explicó que “siempre hemos acompañado la creación de la Jurisdicción Agraria, pero esta ley tiene que ser estable y equilibrada y para esto hemos presentado al Congreso, 27 propuestas para 20 artículos de los 80 que contiene el texto de esta iniciativa. En temas relacionados con la resolución de conflictos agrarios rurales, hay varios artículos de la iniciativa que van en contra del acuerdo de paz”.

Posteriormente, agregó el funcionario gremial que “mantenemos reparos particularmente, el artículo 12 en algunos de sus parágrafos le quita las competencias a los jueces de la República, que echa por la borda las garantías de acceso a la justicia y deja sin fundamento jurídico a la Jurisdicción Agraria. El proyecto debe reflejar el principio de permanencia y los temas de celeridad que vienen en el texto. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de la Sala de Casación de la Corte Suprema que pide ajustar la ley agraria al acuerdo de paz tal y como quedó establecido en 2016. En el proyecto que ha presentado el Gobierno nacional sin ningún tipo de concertación como dijo que lo haría el ministro del Interior, los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, solo por mencionar algunos de ellos, desafortunadamente no se ajustan al acuerdo final. Específicamente el parágrafo 1 y 2 del artículo 12, le quita las competencias a los jueces de la República, pese a que se crea una Jurisdicción Especial, se modifican las funciones a los jueces y derogan el decreto 902 de 2017 que establecía las condiciones para la creación de esta jurisdicción. Le hemos pedido al Congreso que no eche por la borda los avances en la garantía del derecho y del acceso a la justicia. El proyecto debe reflejar el equilibrio entre las partes, y obliga a discutir el principio de permanencia y los temas de celeridad que propone esta iniciativa”.

El presidente de la SAC, agregó que “el pasado 15 de noviembre la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, hizo una serie de recomendaciones para que se logre un proyecto de ley que se ciña a los mandatos del acuerdo final, a las normas sustanciales y procesales vigentes, para que de esta manera en un debate que debe ser reposado y generando los espacios técnicos se genere una ley que funcione para que no se quede en una discusión de política pública. El mensaje de urgencia del Gobierno, es un error porque se busca acelerar una discusión que debe ser técnica. Hacemos un llamado al Congreso porque del afán no queda, sino el cansancio”.

Reunión de ponentes

La siguiente sesión para discutir el proyecto de ley estaba programada para el pasado 20 de noviembre, sin embargo, la sesión se levantó y los congresistas sostuvieron una reunión a puerta cerrada en la cual se discutieron algunos cambios que se van a proponer al articulado. Al respecto, EL NUEVO SIGLO conoció que uno de los artículos sobre los cuales no se ha logrado un acuerdo es el 12, los parágrafos 1 y 2. Este punto habla sobre la tenencia de terrenos baldíos y la tenencia de estas propiedades.

El senador Alejandro Chacón, ponente del proyecto explicó a este Diario que “en la reunión se discutieron ajustes al articulado como las competencias de los jueces, preocupaciones con los principios. Pero en el artículo 12 aún faltan ajustes por la tenencia de los terrenos, las invasiones injustificadas y las discusiones sobre tenencia imprescriptibles y la resolución de estos conflictos por vía judicial o administrativa”.

Consecutivamente, el congresista añadió que “uno de los aspectos que se estudia es que, si el conflicto se resuelve por vía administrativa, tenga un control previo jurisdiccional inmediato. A pesar de ser este un aspecto que el Gobierno rechazaba, porque el Congreso le dejó control previo inmediato y además con la posibilidad que la parte pueda solicitar una medida previa de suspender la acción administrativa en caso de considerarlo necesario. Aunque el acuerdo no es de completo agrado del Gobierno nacional se ha logrado un consenso generalizado en más del 95% del proyecto. El Senado ha sostenido una serie de reuniones entre ponentes, a finales de octubre el Gobierno dio mensaje de urgencia sobre el proyecto, pero se ha trabajado sobre los artículos más complejos como el de competencia, ejemplo, el Consejo de Estado decía que solo la revisión era la resolución del proceso, pero el Congreso determinó que el proceso debe pasar por un tribunal y luego a la revisión del Consejo de Estado. Sobre ese tipo de aspectos logramos un acuerdo”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, compartió a este Medio, que la discusión giró en torno a 25 artículos de propuesta. Pero siguen las preocupaciones por el artículo 12. Sin embargo, habría un acuerdo parcial sobre la ponencia del proyecto sin dejar de lado algunos ajustes. “La revisión del proyecto de la ley de Jurisdicción Agraria con autores y ponentes, fue una reunión en la que reiteramos nuestra preocupación por cuestiones como la permanencia agraria, la inseguridad jurídica y el alcance de la Agencia Nacional de Tierras. Consideramos necesario volver al espíritu del Acuerdo de Paz, las disposiciones de la Corte y las iniciativas que ya fueron aprobadas”.

De igual manera, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático explicó que “estamos tratando de ver si podemos llegar a un acuerdo que sería lo ideal para el país. Porque es necesario encontrar una norma que le responda a los campesinos, pero que no ponga en riesgo la producción agraria en medio de concesiones excesivas a los jueces agrarios. Lo primero que se debe entender es que no puede haber extinción de dominio, sino por razones de ilegalidad y no sobre asuntos ambientales o función social, tampoco debe haber expropiación sin las causales de indemnización y valor comercial de la tierra”.