La concejal Sandra Forero Ramírez, del Centro Democrático, denunció graves consecuencias que, a su juicio, trae para la economía de Bogotá la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) durante la administración de Claudia López.

La cabildante afirmó que este POT pone en riesgo $1.8 billones adicionales del recaudo de la ciudad, porque frena la construcción de edificaciones formales y afecta los impuestos relacionados con el sector, como el predial, el ICA y la delineación urbana.

“Hay siete problemáticas principales del POT que amenazan la economía de la ciudad y favorecen la informalidad, lo que aumenta la pobreza, la desigualdad y pone una carga fiscal mayor sobre el Distrito. Los estrictos requisitos establecidos en el POT para el desarrollo de vivienda formal fomentan la informalidad, lo que podría incrementar el número de personas que viven en residencias precarias. Más de 860 mil personas en Bogotá habitan en condiciones urbanas precarias, como Lucía, una mujer de 28 años que vive con su esposo y tres hijos en un cuarto de 27 m² de un inquilinato, sin acceso a servicios públicos, ni a un lugar seguro donde dejar a sus hijos, lo que impide que se pueda formar y trabajar”, reveló Forero. 

Otra de las consecuencias, según afirmó la concejal, es el congelamiento de varias zonas de la ciudad, lo que, explicó, impide el desarrollo de la capital. Las actuaciones estratégicas han dejado inmovilizados 920.000 predios, lo que representa un valor estimado de $268 billones del patrimonio de los bogotanos. Además, Forero destacó la desvalorización de propiedades privadas, ya que algunos predios han pasado de estar ubicados en suelo urbano a suelo rural, lo que ha reducido su valor comercial.

Pérdida de empleo

Según explicó, el POT también ha generado una caída en el licenciamiento de proyectos urbanísticos. Según la Secretaría de Planeación, a junio de 2024 los metros cuadrados licenciados en Bogotá cayeron un 58 % anual. Esta reducción ha afectado negativamente el inicio de nuevos proyectos, impactando a todos los sectores de la economía. Además, advirtió que la falta de iniciaciones también ha provocado una pérdida de empleo, con la afectación de 14.000 puestos de trabajo en el sector de edificaciones en el último año, lo que puede aumentar la presión sobre el presupuesto de la ciudad, al obligar a muchas familias a recurrir a ayudas sociales, recargando el gasto del Distrito.

Forero criticó las incoherencias del POT, que ha encarecido la construcción formal al subir las cargas urbanísticas en zonas de consolidación del 0 al 15 % y renovación urbana del 20 al 45 %. También señaló que el POT no permite la construcción suficiente de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). A octubre de 2024, solo había 1.400 unidades VIP disponibles, una cifra muy baja frente a la alta demanda de viviendas para las familias más vulnerables.

La cabildante también destacó el exceso de reglamentación del POT, lo que genera inseguridad jurídica y dificulta la implementación de sus disposiciones. Finalmente, señaló que aunque el POT fue aprobado por una administración que defendía el medio ambiente, las barreras del plan seguramente impulsarán la depredación ambiental y la construcción ilegal, lo que aumenta la vulnerabilidad de la ciudad ante desastres naturales.

Ajustes en la administración actual 

La concejal Sandra Forero sostuvo en diálogo con EL NUEVO SIGLO que en el Plan de Desarrollo de la administración de Carlos Fernando Galán sí quedaron elementos que permiten hacer ajustes. 

“Por ejemplo, de las actuaciones estratégicas, hay varias cosas que se pueden hacer desde el Plan de Desarrollo. Ahora, el debate lo que busca es que en el próximo debate, que debe ser a principios de diciembre, la Secretaría de Hacienda conteste qué vamos a hacer si se pierde el potencial de recaudo por no poder construir vivienda formal, qué piensa hacer la Secretaría de Ambiente con el tema de rondas, qué piensa hacer Planeación con toda la imposibilidad de construir vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social y con esa caída de las licencias, qué piensa hacer Desarrollo Económico para poder, si no garantizar, compensar la cantidad de empleos, no sólo que no se van a generar, sino que se van a perder”, indicó. 

En lo que respecta a la disminución de subsidios por parte del Ministerio de Vivienda y su impacto para Bogotá, afirmó que desde el primer momento la ministra Catalina Velasco tuvo como bandera debilitar y en lo posible destruir el programa Mi Casa Ya.

“En el discurso decía que era el soporte de la política de vivienda de Petro, pero no es cierto por dos razones: redujeron los subsidios y además modificaron las condiciones para que las familias accedieran, entonces no sorprende. Tal vez hace dos años, lo que lleva este gobierno, la reducción de subsidios de Mi Casa Ya en Bogotá fue enorme, por lo tanto, se vuelve muy importante lo que quedó en el Plan Distrital de Desarrollo de Carlos Fernando Galán, de una política distrital de vivienda”, enfatizó. 

En este sentido, señaló que aunque en efecto esta situación afectó a Bogotá, la ciudad en su autonomía pudo formular una política distrital de vivienda.

“Yo seguiré insistiendo, y más ahora que se está dando la discusión de presupuesto, en que se requieren más subsidios para Bogotá, una ciudad que tiene una demanda potencial de 105.000 hogares, es decir, que pueden acceder a un subsidio y a una vivienda. Eso no es suficiente y ahí seguiré dando la discusión”, aseveró. 

Un problema nacional

La cabildante afirmó además que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, entró a destruir una política de Estado que había trascendido gobiernos. 

“Esto se empezó a construir en Uribe uno, después Uribe dos; después, Santos uno, Santos dos, Duque y ahora fueron capaces de llegar a destruir. Bogotá tiene una política distrital de vivienda y creo que todas las ciudades van en ese camino para crear sus propias políticas de vivienda y tener sus propios recursos, pero el daño es nacional”, advirtió.

“Que si es un sesgo político, sí, es un tema de ideología, no sólo para Medellín y Antioquia, sino para todo Colombia, ellos prefieren la informalidad a poder generarle a una familia la felicidad de tener una casa”, agregó. 

Por otra parte, señaló como los principales retos para la construcción de vivienda en Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial de Claudia López, la reglamentación restrictiva, el exceso de cargas para el tratamiento de renovación urbana y de consolidación, el congelamiento del suelo mediante las actuaciones estratégicas, el aumento de trámites de 90 a 120 por cuenta del POT y la falta de reglas claras que se genera, porque para construir formalmente se requiere consultar 41 decretos, 52 resoluciones, 5 circulares, entre otros aspectos. 

“En conclusión, el POT 555, tal como está diseñado, está generando efectos negativos en la economía, el empleo, la vivienda, el medio ambiente y la calidad de vida de los bogotanos. Es urgente revisar y modificar este plan para fomentar un desarrollo urbano más sostenible y equitativo que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Bogotá necesita políticas que promuevan el crecimiento económico, la generación de empleo y la construcción de vivienda digna para todos”, concluyó.

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Concejal Sandra Forero. / Cortesía Prensa Sandra Forero

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Presentación del POT de la exalcaldesa Claudia López. / Alcaldía de Bogotá