La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) volvió a la agenda pública tras la aprobación del proyecto en séptimo debate en una sesión que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara, en la cual el proyecto pasó a último debate con una serie de modificaciones menores. Sin embargo, estas serán evaluadas en el marco del último debate.
No obstante, el ámbito económico colombiano ha señalado la inconveniencia de este proyecto de acto legislativo para las finanzas de la nación y, en ese orden de ideas, las tres calificadoras de riesgo de deuda han reiterado que el ambiente económico del país no es el apropiado para descentralizar los recursos de las regiones, al considerar que esta medida aumentará los gastos del Estado.
Para comenzar, Fitch Ratings publicó recientemente un informe en el cual mantuvo la calificación de riesgo. En él anotó que “se espera que el déficit fiscal del Gobierno Central se reduzca aún más al 4,7 % en 2026 gracias a mejoras en la administración tributaria y restricciones en el gasto. Sin embargo, presiones crecientes sobre el gasto y rigideces presupuestarias dificultarán una mayor reducción del déficit sin implementar nuevas reformas tributarias. La calificación se genera en BB+ estable, pero con tendencia negativa”. Según lo manifestado por expertos de esta firma, la tendencia es que la economía podría contraerse o tener un bajo crecimiento en los próximos dos años.
Frente al SGP, Fitch señala que “el Congreso de Colombia ha iniciado una reforma constitucional que busca aumentar las transferencias del Gobierno Central a los gobiernos locales y regionales al 39,6 % del gasto, frente al 24 % actual. También se implementaría una ley que redistribuya competencias entre los gobiernos locales y regionales. El aumento de las transferencias se implementaría gradualmente durante un período de 12 años a partir de 2027 (o una vez que la ley entre en vigor). En opinión de Fitch, esto aumentará aún más las ya significativas rigideces presupuestarias (estimadas en más del 80 % actualmente) en el mediano plazo, pero no tiene ningún efecto en el corto plazo”.
Una economía inestable
Por su parte, Standar & Poor´s se sostuvo en dos aspectos fundamentales para calificar a Colombia frente a la inversión extranjera. Primero, señala que “Colombia afronta un mayor problema fiscal en 2024, derivado de posibles déficits en los ingresos debido a los precios más bajos de las materias primas. “Esperamos una amplia continuidad en las políticas fiscales, monetarias y económicas que promueven el crecimiento de Colombia a medida que la administración Petro implementa sus ambiciosas reformas sociales”.
Así mismo, añade en sus apreciaciones que “los ingresos adicionales, incluidos los derivados de la reciente reforma fiscal, ayudarán a reducir los déficits fiscales al mismo tiempo que financian nuevo gasto social. Confirmamos nuestras calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo plazo de BB+ y de corto plazo de B de Colombia. La perspectiva estable refleja las expectativas de que la consolidación fiscal y el crecimiento económico continuo ayudarán a estabilizar la carga de la deuda soberana y reducir los grandes déficits de la cuenta corriente durante los próximos dos años. Elevar los gastos de la Nación, derivado del proyecto de acto legislativo del Sistema General de Participaciones local y regional que se discute en el Congreso, fija las expectativas de un menor crecimiento económico, un debilitamiento de la inversión y un posible deterioro fiscal”.
Igual suerte corrió el país frente a los análisis de JP Morgan, que advirtió frente a este panorama que “como la ley de financiamiento no logró obtener el apoyo del Congreso tan rápido como era necesario, el Gobierno tuvo que promulgar el Presupuesto de 2025 por decreto, lo que agregó más ruido al mercado. Al buscar aumentar las transferencias del Gobierno Central a los gobiernos regionales sin definir claramente las nuevas responsabilidades de gasto, el impacto se sentirá principalmente después de 2026”.
La agencia de calificación crediticia Moody’s reafirma la calificación crediticia de Colombia en Baa2, manteniendo el grado de inversión y deja la perspectiva en negativa. “El cambio de perspectiva obedece a las condiciones macroeconómicas retadoras que enfrenta el país, asociado a un débil crecimiento económico, un incremento sostenido en el costo de endeudamiento del país que podría deteriorar el manejo fiscal y el perfil crediticio del país hacia adelante”.
De igual forma, la calificadora de riesgo resalta como “aspecto positivo la institucionalidad del país, que se traduce en el correcto funcionamiento de pesos y contrapesos. El Banco Central continúa manejando la política monetaria de manera independiente. El Gobierno Nacional ha demostrado capacidad para hacer recortes en el gasto con el fin de cumplir la regla fiscal y mantener bajo control los niveles de deuda, en línea con sus pares y por reducir el costo fiscal de los subsidios a los combustibles, a través de incrementos en los precios de la gasolina y las decisiones progresivas que impactan el precio del diésel. La negativa en la aprobación de Presupuesto General para la Nación 2025 y el trámite del proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones causarían un mayor deterioro de las finanzas públicas, lo que en conjunto está llevando a que en el primer trimestre de 2025 la calificación en inversión para el país baje nuevamente”.
Preocupaciones del Banco de República
Un documento elaborado recientemente por el Grupo de Análisis Fiscal del Banco de la República y publicado en la serie Borradores de Economía, analiza los riesgos que acarrea esta transferencia de recursos, en el caso de que no sea posible una disminución equivalente de los gastos del Gobierno Nacional Central. El emisor plantea dos escenarios en su análisis: el entorno económico en caso de aprobarse la reforma y un panorama financiero sin SGP. Sin reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), el déficit fiscal se estabilizará alrededor del 2,8 % del PIB a partir de 2030 y la deuda neta del GNC permanecería cerca del 55 % del PIB durante los próximos quince años.
La reforma que está en trámite en el Congreso hace el reto aún más complejo en la medida en que el Gobierno estaría forzado a aumentar las transferencias de manera más pronunciada, llegando a 7,2 % del PIB en 2038, esto es, 1,3 puntos porcentuales del PIB por encima de lo previsto en el MFMP y tres puntos porcentuales del PIB por encima de su nivel de 2024. Desde un punto de vista puramente contable, el aumento en las transferencias previsto por el proyecto de acto legislativo que se encuentra en discusión en el Congreso de la República implicaría un aumento del déficit del GNC para 2038 del 2,8 % al 4,7 % del PIB y un aumento de la deuda neta del GNC del 54,9 % al 64,6 % del PIB.
RECUADRO
Alertas de Fedesarrollo
A su turno, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que "un aumento del 65 % en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud. Este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, llevando el déficit al 6,4 % del PIB en 2036, comparado con el 3,1 % del PIB en el escenario base, y como resultado, la deuda del Gobierno superaría el límite del 71 % del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal. Esta situación aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”.