CUANDO HA pasado más de un año de que el Gobierno presentara su política antidrogas 2023-2033, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, se conoce un nuevo informe evaluando su desarrollo, que presentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en donde analiza qué ha ocurrido en incautación de cocaína, erradicación de cultivos ilícitos y sustitución. Llega a la conclusión que podría quedarse en buenas intenciones por falta de un proyecto planificado.

La FIP consigna varios obstáculos para lograr avances concretos como “la multiplicidad de anuncios que posicionan a la política en la agenda pública y comprometen al Gobierno, sin un proyecto planificado que permita su cumplimiento”, así como “una política ambiciosa y bien estructurada, pero sin claridad sobre las metas de este Gobierno”.

Agrega que otros de los obstáculos para el desarrollo y cumplimiento de la política antidrogas es la falta de claridad sobre la disponibilidad de fuentes presupuestales fijas año a año, además el deterioro de la seguridad en un contexto en el que crece la influencia territorial de los grupos armados y consolidan su control territorial y social.

Incautaciones

El informe recoge que “los mensajes y anuncios del Gobierno sugieren que la incautación de cocaína es la prioridad de la política de drogas en su componente de afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico, a pesar de que no existe evidencia sobre el impacto de las incautaciones en la oferta de cocaína a nivel nacional o internacional”.

En ese sentido, el Gobierno resalta que ha incautado más cocaína que las anteriores administraciones. Sin embargo, la FIP pone de presente que “si tenemos en cuenta que los precios de la coca y la pasta básica de cocaína en los territorios de Colombia han estado en sus niveles más bajos durante este Gobierno, no parece que las incautaciones estén ejerciendo ninguna presión al mercado ilegal de la cocaína”.

Añade que en “términos numéricos, las cifras de incautación de cocaína han aumentado, así como la destrucción de laboratorios para la producción y la incautación de otros subproductos de la coca y de insumos químicos para su transformación. Sin embargo, la proporción de las incautaciones de cocaína en relación con el potencial de producción de cocaína realmente ha disminuido”.

Al respecto explica este centro de pensamiento que en el año 2023 se produjeron 2.664 toneladas de cocaína y se incautaron 746; es decir, se incautó el 28% de la cocaína que se produjo. Una reducción de casi diez puntos porcentuales comparado con la proporción en 2022.

El reciente informe Simci de Naciones Unidas alertó sobre el crecimiento del 53% de la potencial producción de cocaína, como resultado del paso gradual que se ha dado en los últimos años de una economía familiar campesina a una con características agroindustriales, lo que ha aumentado notoriamente la producción.

Cultivos ilícitos

El último informe oficial del Simci de monitoreo sobre cultivos de coca, reportó que en 2023 se cultivaron 253.000 hectáreas, un 10% más frente al 2022. 

La FIP indica sobre esta cifra que “el leve aumento en los cultivos de coca le puede dar un respiro al Gobierno porque se puede entender como un crecimiento menor si se compara con los años anteriores. Pero, en realidad, es una señal de la gran ventana de oportunidad que es la crisis de la coca, que desde 2022 ha desincentivando el crecimiento de los cultivos en el país”.

Agrega que la nueva política de drogas propone en su componente ‘Tránsito a economías lícitas en zonas rurales y de manejo especial’, un modelo integral del que “aún no se conoce su implementación. Se anunciaron siete Misiones Territoriales de la Política de Drogas en 17 municipios, y se entiende que están en etapa de planificación para convertirse en la plataforma que ayude a implementar dicho modelo en territorios focalizados”.

Sin embargo, en octubre de 2024, el presidente Petro firmó una directiva para impartir directrices de coordinación de la acción interinstitucional para la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de la política nacional de drogas y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, en la que se anuncia que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) celebrará nuevos acuerdos en coordinación y con la inversión de otras entidades del Estado.

Por otra parte, este año empezó la renegociación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), que plantea cerrar el Plan de Atención Inmediata (PAI) en 2026.

No obstante, la FIP da cuenta que “al Gobierno le queda pendiente cumplir con varias disposiciones de la Corte Constitucional como incluir las familias que firmaron acuerdos colectivos y no fueron vinculadas al PNIS, y diseñar e implementar una ruta de atención para comunidades étnicas”. También sigue pendiente conectar el PNIS con la reforma rural integral.

Así mismo, este centro de pensamiento indica que la reducción tan significativa de la erradicación manual forzosa, pues en 2023 se planteó la meta de 20.000 hectáreas, y la cumplió, mientras que para 2024 se comprometió con 10.000 hectáreas, deja en claro que el objetivo no es reducir los cultivos de uso ilícito o, “no hacerlo a costa de las comunidades cultivadoras, sin un plan para garantizar su vinculación a economías legales”.

Anota la FIP que el verdadero aporte de la nueva política está en dejar sentadas las bases para que otros gobiernos continúen y consoliden procesos de construcción de Estado que permitan la transformación de los territorios en el largo plazo, y evidencien que esa es la vía para reducir los cultivos de uso ilícito y el control territorial de actores armados y criminales.

Tasa de incautación

El informe Simci indica que en el 2023 la producción potencial de cocaína en Colombia fue de 2.664 toneladas métricas; en tanto que la cocaína incautada ese año según el Ministerio de Defensa Nacional fue 746.2 toneladas. Entonces la tasa de incautación en ese periodo fue del 28,0%, la más baja desde el año 2012.

En el año 2022 la tasa de incautación de cocaína fue del 37,9%; en el 2021 del 47,8%; en el 2020 del 41,1%; en el 2019 del 37,6%; en el 2018 del 36,9%; en el 2017 del 31,5%, en el 2016 del 34,4%; en el 2015 del 39,2%.

En tanto que en el año 2014 la tasa de incautación de cocaína fue del 33,4%; en el 2013 del 57,5% y en el 2012 del 59,2%.