Uno de los  principales ejes de las ciudades con  gran injerencia en el orden y la seguridad es el espacio público; son variados los esfuerzos de las administraciones en todos los municipios de Colombia por mantener las aéreas públicas en condiciones ideales para el buen uso de la ciudadanía y a fe que  muchos lo han logrado, pero en las grandes ciudades la cosa se complica, surgiéndole  demasiadas variantes a los gobernantes y  jefes de policía,  para mantener y preservar dichos espacios.

No existe una constante que permita evitar la invasión de lugares destinados al servicio ciudadano. Basta con un sector próspero en comercio de diferente orden, para que sus andenes, de la noche a la mañana, se colmen de vendedores ambulantes, que terminan convertidos en estacionarios, y lo más grave es que esa decisión de posicionarse de determinado espacio viene  acompañada de un permiso expedido por grupos de personas convertidas, a fuerza de las circunstancias, en autoridades a la sombra, quienes soportadas con  organizaciones delictivas y respaldadas en  la fuerza, van exigiendo dineros a los vendedores contra el  derecho a  permanecer en determinado punto. Grave cosa ¿Verdad?

Pedir resultados  a las autoridades  que tienen responsabilidades en el asunto es tarea fácil y lo difícil es que estas dependencias puedan enfrentar la problemática. Podríamos hacer un balance de los lugares  y zonas invadidas por este fenómeno  y llegaríamos a la conclusión que el país está sobre diagnosticado al  respecto, hasta el punto que todas las administraciones tienen resultados palpables para demostrar  la recuperación de zonas que otros tiempos fueron invadidas en su totalidad de comercio informal. Sin embargo la patología persiste y los moradores de las grandes ciudades ven amenazada su seguridad, sufriendo una sensación de abandono de parte administrativa, pero estos ciudadanos desconocen la cantidad de recursos utilizados por aquellos personajes, quienes  invocan un sinfín de aspectos que los obligan a recurrir al mencionado comercio informal, tan nocivo para las ciudades.

Una posibilidad de redimir estas zonas está en el compromiso de los vecindarios. Se ha dicho de tiempo atrás que cualquier programa, campaña o estrategia que no cuente con el respaldo ciudadano  está perdida; la fuente de ingresos para estos comerciantes es  la ciudadanía  que mercadea sus  producto, así  como el ciudadano que no denuncia o el que permite la invasión de su entorno, bien sea laboral o domiciliario. Si la comunidad muestra su inconformidad el ambiente se torna adverso al comerciante invasor. Recordemos que los vendedores consienten al cliente y su fortaleza está en el acercamiento a ese entorno. Pero si los núcleos son apáticos a utilizar ese tipo de servicios venidos de la economía informal, desdeñándolos, ayudarían mucho a las autoridades, especialmente a la policía que es la fuerza que primero debe enfrentar al problemática.