La reforma a la justicia
El país se sorprendió de la audacia del Congreso al aprobar una reforma a la justicia que favorecía la investigación de más de 103 parlamentarios y cerca de mil quinientos funcionarios públicos. Esta reforma, lejos de proteger la vida, los bienes y la honra de la inmensa mayoría de los colombianos, que a gritos claman por una justicia más seria, más precisa y valga la redundancia más justa, se ocupa en blindar los actos e intereses de quienes construyen las leyes.
En un país como el nuestro en que suceden hechos de violación a la ley a cada minuto, donde miles y miles de procesos se abren a diario y demoran años y décadas en resolverse, con jueces que se venden, investigadores que se cargan, abogados que utilizan todo tipo de marrullas para favorecer a sus clientes, testigos que se ofrecen y juran por dinero y donde la impunidad es la reina de la justicia, no puede recibir de los padres de la patria una reforma que se acomoda sólo a sus circunstancias, permitiéndoles amplias gabelas que los protejan de sus desmanes y errores.
No es justo para Colombia donde el Estado es tomado como el botín de muchos políticos que acceden a las curules con el afán de enriquecerse y adquirir poder para sus propios intereses, colocando funcionarios públicos que les faciliten el acceso a los dineros del Estado. Lo peor es que una gran parte de esos políticos inescrupulosos se alían con hampones llámense narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o falsos contratistas que les financian sus campañas colocándoles también sufragios bajo intimidación al pueblo o comprando los votos, abusando de las necesidades de la gente, sólo para que el delito siga reinando en toda la Nación y sus bolsillos continúen llenándose. No hay derecho pues que desde el sagrado recinto de la democracia se auto-reformen la justicia para favorecerlos sólo a ellos.
Algunos congresistas serios y honestos se opusieron con valor a este esperpento legislativo, fueron aquellos parlamentarios que no tienen investigaciones, que están comprometidos con el país y que salvaguardan la Constitución Nacional con el verdadero espíritu de las leyes. El presidente Santos en un acto de responsabilidad objetó esa reforma a la justicia y manifestó su desacuerdo con ese acto legislativo, señalando cuatro puntos inaceptables como la eliminación de la competencia de la Fiscalía en la investigación a los ministros y altos funcionarios públicos; en la aprobación de la doble instancia para los procesos que se llevan en el contencioso administrativo; en lo que tiene que ver con la pérdida de la investidura del congresista; y en dejar en manos de un solo funcionario los asuntos de la Sala Administrativa de la Judicatura. Esperamos que esta objeción y devolución del acto al Congreso pare definitivamente ese horrible atentado contra la democracia, la justicia y todos los colombianos.
*Presidente Canal Teleamiga Internacional