No cabe duda que el país ha aprendido mucho en materia de gestión internacional de sus intereses durante los últimos quince años. Ese aprendizaje no ha sido fácil y está lejos de haber concluido. En su relación con el mundo, Colombia todavía carga el lastre de los males crónicos de su política exterior. Pero por ejemplo, en materia de paz y seguridad, muchas cosas han cambiado. Atrás parece haber quedado el experimento de la participación descontrolada y conflictiva de la “comunidad internacional” en el fallido proceso de San Vicente del Caguán, que tantos dolores de cabeza provocó en su momento. Atrás parece haber quedado su secuela: la idea de que siendo el conflicto armado un “problema colombiano” debe ser resuelto “por los colombianos, a la colombiana”, como si la “comunidad internacional” no existiera.
La terminación de la confrontación armada con las Farc tiene, en sí misma, una dimensión internacional. Quiérase o no, concita la atención, y en algunos casos el franco interés, de otros actores. Pero además, darle una dimensión internacional al proceso de negociación primero y a la implementación después, es una elección estratégica de la mayor importancia e implicaciones. Haber vinculado al proceso a Cuba y a Venezuela no fue una apuesta menor, a la postre exitosa: La Habana tenía importantes incentivos para procurar el éxito de las conversaciones; y Caracas fue neutralizada en más de una dimensión (a pesar de la persistencia de los desencuentros, por ejemplo, en cuanto al cierre unilateral de la frontera. Haber llevado la verificación y el monitoreo del cese bilateral y definitivo de hostilidades y la dejación de armas al Consejo de Seguridad - con todas las reservas, muy justificadas, que ello suscita - y prever acudir a la Asamblea General a efectos de la “verificación de la reincorporación de las Farc y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”, no sólo contribuye a legitimar el Acuerdo sino a “blindarlo”,una expresión algo incómoda y, sin embargo, sumamente descriptiva.
Pero sobre todo, lo que está en juego es el experimento de un tipo innovador de “misiones de paz”, de un modelo inédito de acuerdo (el primero suscrito bajo la vigencia del Estatuto de Roma), y por lo tanto, de un esquema de Justicia Transicional. Lo cual hace del caso colombiano una especie de laboratorio, y en ese sentido, de oportunidad para sentar precedentes y señalar un camino a seguir (o evitar, si fracasa) en otros lugares del mundo para los que Colombia podría convertirse en imperativa referencia.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales