A raíz del vil asesinato de George Floyd en Minnéapolis por elementos de la policía, se levantaron manifestaciones y protestas, en general pacíficas, en al menos cincuenta ciudades de los Estados Unidos, pero algunas terminaron en vandalismo y desmanes -incendios de locales y vehículos, rotura de ventanas y saqueos de tiendas, asaltos a cajeros automáticos, ataques a la policía con armas de fuego-, todo al mejor estilo de los paros de Fecode en Colombia.

Los incidentes fueron graves y según la alcaldesa de Chicago -negra por lo demás- todo fue organizado intencionalmente. En esa ciudad en ese fin de semana hubo al menos 48 tiroteos con 17 muertos y 132 policías heridos. Se le echa la culpa a las “antifas” -por “antifascistas” (o “progresistas” de que hablaba Reagan)- grupos de izquierda que ya llevan varios años organizando protestas en el país, aunque, hay que señalarlo, se dice que algunos incidentes de los que se les acusa han sido armados por la extrema derecha para culparlos. Trump los llama terroristas.

En Washington D.C., la Casa Blanca fue rodeada por la policía, policía militar y la Guardia Nacional -conformada por reservas voluntarias del ejército y de la fuerza aérea de los Estados Unidos que operan bajo órdenes de los gobernadores o del gobierno federal- que protegieron la sede presidencial con vallas de acero para defender al presidente. Trump pidió la intervención del ejército y, en confusas órdenes y contraórdenes, se movieron tropas que luego fueron retiradas.

En los Estados Unidos, como en casi todo el mundo, el ejército está diseñado para actuar en operaciones que atenten contra la seguridad del Estado, internamente -como sucede en Colombia con las guerrillas terroristas- o externamente. A los soldados no se les capacita para lidiar con civiles sino con enemigos armados y por ello, en general, no se usan para intervenir en incidentes como los recientes en Estados Unidos.

Muchos opinan que acudir al ejército, como lo hizo el Presidente, viola la Constitución. The Atlantic, una revista fundada en 1857 en Boston y muy influyente en política, publicó recientemente un par de artículos que, por sus autores, vale la pena reseñar:

Uno de ellos proviene de Michael Mullen que fuera presidente del Estado Mayor Conjunto, que se siente molesto de “haber visto al personal de seguridad -incluyendo miembros de la Guardia Nacional- abriendo forzada y violentamente camino a través de la Plaza Lafayette para que el presidente pudiera aparecer haciendo una visita exterior a la iglesia de St. John”, Biblia en mano añadiría yo. Y agrega Mullen, luego de referirse a la brutalidad policiaca y a las injusticias contra los afroamericanos que “nada de esto se hace más fácil o seguro por el uso agresivo de los militares en servicio activo o de la Guardia Nacional”.

El otro es de James Mattis, el general de la Marina que renunció como Secretario de Defensa en diciembre de 2018 en protesta por la política de Trump en Siria, que acusa al presidente de ordenar a los militares que violen los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. “Internamente, solamente debemos usar a los militares cuando sea necesario…No es necesario militarizar nuestra respuesta a las protestas Tenemos que unirnos alrededor de un propósito común que comienza garantizando que todos somos iguales ante la ley… Solamente volviendo al camino original de nuestros ideales fundadores, seremos de nuevo un país admirado y respetado internamente y afuera”.

Lección aprendida: Nuestra policía y, en particular, el Esmad, han sido capacitados para dominar las revueltas. Hay que defenderlos de quienes quieren acabar con ellos.