No es simple “choque de trenes”
Nos han parecido muy interesantes los debates del proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno, bajo el sugestivo título de “equilibrio de poderes”.
El ministro del Interior, y los voceros de los partidos políticos, han realizado un ejercicio democrático plausible, enmarcado en deliberaciones más allá de la confrontación sectaria que antes generaba tal clase de iniciativas. En este sentido habrá que reconocer incluso el papel desempeñado por la oposición a través de sus dos más destacadas vertientes. En verdad, todos los senadores han estado a la altura de las circunstancias, en procura de la depuración política y moral del funcionamiento de nuestras instituciones.
Los textos aprobados, por supuesto, están expuestos a la opinión crítica de la ciudadanía y seguramente resultarán beneficiosos los conceptos que provengan de las academias o de los medios universitarios y de otros sectores, incluidos los que expresen editorialistas y columnistas de opinión.
Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, nos parecen acertadas las normas aprobadas para suprimir el voto preferente, la reelección presidencial, la Comisión de Acusación, y el Consejo Superior de la Judicatura -donde nació más de un escándalo-; la que modificó la forma de elegir senadores para darles representación a todos los departamentos del país, entre ellos los de frontera, los cuales habían quedado sin senadores, con cuya exclusión se había quebrado el concepto de unidad nacional; la que creó el Tribunal de Aforados, como respuesta al requerimiento social de que ningún sistema judicial de investigación y juzgamiento de altos funcionarios del Estado, debe propiciar la impunidad, como la que de hecho ha existido en relación con los miembros de la cúpula de la administración de justicia y la de los entes de control.
Escuchamos, también durante el debate, juiciosas apreciaciones, como la que formulara la senadora Vivianne Morales, cuando apuntó que la Corte Constitucional había sustituido al legislador constituyente en varias de sus sentencias.
¡Cuánta razón tiene la ilustre legisladora! Habrá que celebrar que, con su actitud, el Congreso Nacional no siga siendo cómplice del desconocimiento de sus propios fueros.
En verdad, el mayor síntoma de descomposición institucional en un Estado de derecho, aparece cuando las órbitas de competencia de los órganos del poder público no se respetan. Vale decir, cuando el control inter-órganos se desborda y se comete, con ello, abuso de poder. De ese arbitrario desvío ha sido acusada la Corte Constitucional por el Consejo de Estado, en reciente sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, en coincidencia con los planteamientos del procurador Ordóñez cuando solicitó (asunto por decidir) la nulidad de la sentencia C 258 de 2013.-
No se trata de un simple “choque de trenes”. Lo definiríamos, en cambio, como valioso y valeroso aporte del Consejo de Estado a la seguridad jurídica del país, sin la cual, de contera, resulta una utopía hablar de paz…