LA respaldada competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para investigar presunta violación de los topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro fue, de nuevo, cuestionada por el mandatario, insistiendo en su teoría de que “se está gestando un golpe de Estado”.
Como se sabe, hace una semana la Sala de Consulta Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE si puede realizar dicha investigación, dirimiendo un presunto conflicto de competencia con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Ante ello y a través de su habitual medio de comunicación, el presidente Petro escribió este sábado en la red social X: “No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”.
Insiste, a renglón seguido, que “La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado”.
Y finaliza su pronunciamiento señalando: “¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.
Vale recordar que el pronunciamiento del Consejo de Estado refrendó, también, que es competencia del Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.
La Sala explicó que el CNE tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, precisó.
“La decisión del presente conflicto de competencias administrativas en manera alguna afecta las competencias específicas que, por mandato constitucional, en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, concluyó la providencia emanada el pasado 23de agosto.