A menudo parece olvidarse que el 92% de la inversión ya está predeterminada por normas constitucionales y legales. Es decir, el margen de asignación hacia nuevos propósitos es extremadamente limitado. Esto es lo que se conoce como la inflexibilidad del gasto público.

Recuerdo lo anterior al leer una de las preguntas de la llamada “consulta contra la corrupción”, que propone que todo presupuesto de inversión, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional tendrá que ser en adelante sometido previamente a consulta ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué parte de la inversión pública va a ser sometida a consulta ciudadana? ¿Cómo se organizarán dichas consultas?

Está bien que la consulta anticorrupción busque dar una respuesta al anhelo generalizado hoy en día para que se luche contundentemente contra la corrupción. Pero hay que ser realistas. Sería una insensatez lanzar al país en un procedimiento que estaría llamado de antemano al fracaso.

En el país existen más de 1.050 municipios; la consulta anticorrupción implica que en todos ellos deberá haber foros ciudadanos para definir la asignación de la inversión correspondiente. ¿Están las instituciones preparadas para organizar debidamente esas consultas? Y todo esto tendrá que replicarse a nivel departamental y nacional.

En algunos países donde existe el presupuesto participativo (tal es el caso de Brasil) en las ciudades donde se practica se somete a la opinión ciudadana solo un porcentaje de la inversión, no el 100%. Tal como se ha redactado la consulta habría que someter el 100% de las partidas de inversión.

Todo el mundo parece estar obnubilado con la inversión como la panacea de los problemas nacionales. Hace poco se ordenó que se elaborara el gran plan de inversiones de la paz que no va a ser otra cosa que el presupuesto del postconflicto. Próximamente el Conpes se ocupará de ello. Se ha adelantado que este plan de inversiones ascenderá a 129 billones de pesos. ¿La consulta ciudadana de la inversión podrá modificar este plan de inversiones del postconflicto? Y si lo hace ¿Cómo asegurar la coherencia entre los propósitos y necesidades del postconflicto y lo que en cada municipalidad se vaya decidiendo?

Siempre se ha considerado que quien tiene mejores elementos de juicio para elaborar el anteproyecto del presupuesto de inversión es la rama ejecutiva porque cuenta con los estudios técnicos necesarios. Es la Alcaldía la que tiene más claro si en un municipio se necesita prioritariamente un acueducto, o la ampliación de éste, o una calle o un puente. ¿Tendrán las reuniones tumultuosas de la ciudadanía los elementos de juicio y la sindéresis para tomar estas decisiones? No hay que caer en los fetichismos de las reuniones tumultuarias asignando el presupuesto.

Además: ¿Cómo se van a elegir los voceros de la ciudadanía que participen en estas reuniones? ¿Será toda la ciudadanía? ¿O será una parte de ella, elegida por procesos previos de selección?

No nos engañemos: el problema está es en otra parte. La gran falsificación del querer ciudadano se ha introducido de manera desvergonzada es con la mala práctica de los “cupos indicativos” de la inversión, que son utilizados por los gobiernos de turno como una moneda de intercambio con la cual compran favores parlamentarios.

Esa sería la mala inversión pública que habría que extirpar de un tajo y ya. Pero pretender, como ingenuamente lo hace la consulta anticorrupción, que con unas asambleas tumultuarias vamos a tener un buen presupuesto de inversión en los años venideros no pasa de ser una ingenuidad.