La solicitud de extradición que hiciera el gobierno de los Estados Unidos sobre Jesús Santrich, finalmente fue negada por la Sala de Revisión de la JEP con el argumento de que no se aportaron elementos de prueba que permitieran establecer la fecha de la ocurrencia del delito que se le imputa, vale decir, si fue después de la firma del acuerdo de paz.

Esa decisión, a la que todavía le cabe el recurso de apelación que anunció el Procurador General de la Nación -que cuenta con el apoyo del gobierno-, ha producido la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, y ha sido tan intensa la controversia que ha generado que algunos creen que estamos ante una crisis institucional.

La verdad es que el caso Santrich se ha convertido en la piedra angular que definirá el rumbo del instrumento de la extradición y la cooperación con los Estados Unidos. El verdadero riesgo que se cierne, si a este episodio no se le da un tratamiento adecuado, es que los Estados Unidos nos pueden descertificar próximamente y ello traería como consecuencia la posibilidad de perder la ayuda que Colombia recibe en la lucha contra el narcotráfico. Ello es altamente probable con el gobierno de Trump si tenemos en consideración las referencias recientes que ha hecho sobre el incremento de los cultivos ilícitos en nuestro país. Ese es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos y, por lo que se puede apreciar, va a ser parte de la campaña electoral que se avecina en el país del Norte.

Por eso sería de la mayor importancia que en este delicado asunto se obrara con la mayor responsabilidad por parte de la sección de la JEP que tramita el recurso de apelación, para cuyo efecto debe agotar todas las posibilidades en el recaudo de elementos de prueba y no sólo las que podían aportar los Estados Unidos, como, por ejemplo, la prueba testimonial de los que tomaron el video y los elementos indiciarios que puedan existir.

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El cinismo de Nicolás Maduro

En el momento en que se anuncian diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela, lo último que se le ocurre a Nicolás Maduro es proponer elecciones anticipadas para la Asamblea legislativa, que es el único órgano que no controlan los dueños del poder en el vecino país y que goza de legitimidad.

Ello significa que no ha sido suficiente el zarpazo que le dio el gobierno a través del Tribunal Supremo al órgano legislativo al cercenarle las funciones básicas que son propias de los parlamentos del mundo e imponer una Constituyente espuria para terminar de bloquear la Asamblea, que, inclusive, cumple funciones administrativas.

Lo que busca Maduro con esa absurda propuesta es terminar de cerrar cualquier resquicio de donde pueda derivar Juan Guaidó la legitimidad de su carácter de su presidente interino reconocido por más de 60 países del mundo. Eso es lo único que le preocupa al régimen autocrático que se instaló en Venezuela.