Hoy se celebra el día de las víctimas. “Se celebra” es un decir. No creo que las víctimas tengan nada que celebrar, a menos que sean de aquellas pocas a las que el gobierno, con nuestros impuestos, ha indemnizado.

Las Farc prometieron entregar cerca de un billón de pesos para reparaciones, de los $2.7 billones en que la Fiscalía calculó el patrimonio del grupo. Pero de cada cien pesos que prometió, las Farc solamente entregaron cuatro. Si lo efectivamente entregado por las Farc ($35.417 millones) se repartieran entre los casi siete millones de víctimas, a cada una le tocaría un poco más de 5.000 pesos. Lo prometido incluía carreteras y armas -imposibles de liquidar y repartir-, agujas, cucharas y camuflados viejos.

Por otra parte, el gobierno Santos se comprometió a “sostener” al partido político de las Farc por una cifra que, según MinHacienda, valdrá 30.000 millones anuales, que tienen que ser financiados por nosotros los contribuyentes. Cada uno de los diez parlamentarios que tienen los exguerrilleros nos cuesta 50 millones mensuales, incluido su equipo de trabajo.

Las víctimas esperan, más que todo, que sus victimarios se arrepientan de sus delitos, violaciones, abortos y asesinatos y digan la verdad e informen dónde yacen los miles de secuestrados y niños y niñas asesinados en sus filas. La Corporación Rosa Blanca, formada por mujeres que militaron en las Farc, muchas de ellas enroladas a la fuerza cuando tenían 12 o 14 años, violadas y obligadas a abortar, denunció en una comisión del congreso hace un par de semanas más de 300 violaciones comprobadas y dio una lista con nombres propios, que incluyen a El Paisa, Timochenko, Catatumbo, Romaña y Alape, entre otros, y Joaquín Gómez y  Lozada a quienes acusan de violar muchachitos. Pero a todo esto Timochenko se limita a decir que “nos quieren estigmatizar”.  Ya en 2015 las Farc  habían dicho que en sus filas “no había espacio para la violencia contra mujeres” y en 2017 que “las mujeres embarazadas debían tomar la decisión de asumir su maternidad y retirarse de la fuerza o dar por terminado su estado”. ¿Acaso alguien pudo retirarse voluntariamente de las Farc?

En la comisión una de las valientes mujeres de la Corporación dijo textualmente, ante la ausencia de Catatumbo: “Tristeza me da no ver a Catatumbo acá porque se lo quería decir. Queremos saber dónde están los restos de una niña que, por quedar embarazada y no querer abortar, la amarró durante tres meses y ordenó su fusilamiento cuando tenía siete meses de embarazo. Queremos saber dónde están los restos de esa niña”. Creo que son estas mujeres y no sus victimarios las que debían estar en el Congreso.

El presidente Duque en sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, dijo: “Hay que dejar claro que los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes no pueden ser competencia sino de la justicia ordinaria, porque no puede haber beneficio o tratamiento diferenciado alguno ante semejante atrocidad, ante semejante acto reprobable que genera rechazo moral y ético”. Pero Cambio Radical y el Partido Liberal se oponen a las objeciones y quieren que semejantes delitos atroces se sometan a la “eficiente justicia” de la JEP.

María José Pizarro, representante a la cámara por la lista de Petro, dijo en aquella sesión de la comisión que los miembros de la oposición “están con todas las víctimas. Son los miembros del Centro Democrático los que no están del lado de todos los afectados por la violencia”.

¿Ve usted, amigo lector, cuál es la “verdad” de los mamertos?