El Eln es uno de los grupos terroristas más crueles de la época moderna. Lleva cincuenta años reclutando menores, secuestrando, extorsionando, volando oleoductos y arrojando bombas contra estaciones de policía y objetivos civiles. Las violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho humanitario y los crímenes de lesa humanidad son incontables. ¿Para qué? ¿Para que sirvió la voladura del oleoducto en Machuca que causó más de 80 muertos dentro de la inerme  población civil del corregimiento y por la cual la inefable Corte Suprema condenó a Ocensa que ha debido “prever” el ataque? ¿Y para qué la bomba en la Escuela de Cadetes?

El envalentonado gobierno de Santos, que buscaba el Nobel a toda costa, comenzó en 2012 negociaciones clandestinas con estos criminales, acordó  una agenda el 20 de marzo de 2016 y terminó conversaciones el 1 de agosto de 2018, a una semana de la posesión de Duque. Pero en todo ese periodo, excepto durante tres meses, entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018 que hubo un cese al fuego, el Eln siguió adelante con su accionar criminal ante los ojos impotentes de las Fuerzas Armadas.

En caso de que se rompieran las negociaciones, se pactó un “protocolo” para permitirles regresar al país protegidos por el gobierno. El “protocolo” era secreto e implicaba despeje de las áreas acordadas con el Eln para que pudieran ingresar al país sin riesgos y continuar con su carrera criminal. ¡Repugnante!

Duque dijo, aún antes de su posesión, que no reanudaría negociaciones si los terroristas no se concentraban en un área específica y liberaban a todos los secuestrados. La respuesta ha sido la bomba en la Academia de Cadetes que el ELN considera -el colmo del cinismo- un “acto legítimo de guerra”. Duque ha librado órdenes de captura  contra los jefes y la Interpol circular roja. Pero Cuba, Venezuela, Noruega y el expresidente Gaviria consideran que el gobierno debe cumplir con el “protocolo”.

Si no fuera porque se refiere a estos criminales, esto no merecería ningún comentario diferente de en qué pensarían los negociadores del gobierno anterior cuando lo firmaron. Un protocolo es, internacionalmente, un tratado anexo o complementario de otro. Aquí no se conoce el tratado original. Es “secreto” aunque la diplomacia secreta está prohibida. No es, ciertamente, un acuerdo especial de aquellos a que se refiere el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra porque no protege a la población civil. Ni es un tratado común y corriente porque el Eln no es sujeto de derecho internacional. Es solamente una hoja de ruta interna del gobierno Santos con el Eln. Y Santos, por si no lo saben, ya no es presidente y este tipo de compromisos no es del Estado y no obliga al gobierno subsiguiente.  De manera que la discusión y argumentación de los mamertos es puramente bizantina.

Si el Eln quiere salir de Cuba, que lo haga por Venezuela o por Noruega que está tan interesada en el “protocolo”.

Lo que importa es que el país se una como una sola voz contra el terrorismo, se solidarice con las Fuerzas Armadas y tome todas, todas, las medidas necesarias para erradicar ese flagelo. Y el Eln debe entender que jamás va a llegar al poder por la violencia, que lleva ya cincuenta años sin resultados.

***

Coda: Que la Corte Suprema y el Consejo de Estado dejen de condenar a la nación por hechos que se escapan a su poder. El caso de Machuca no es el primero, pero ojalá sea el último.