Tradicionalmente la participación de la ciudadanía en las elecciones se ha realizado para la designación de personas que representan a los partidos políticos los cuales a su vez se supone que representan a los ciudadanos o por lo menos a algunos de ellos; de ahí que las campañas suelen ser bastante personalizadas. La propaganda suele no ser de los partidos sino de las personas. Las fotografías de los líderes están rigurosamente vinculadas a las de los partidos que representan.  De ahí que las luchas políticas suelen llevar los nombres de los líderes políticos; de otra manera no hubiéramos conocido al gaitanismo, ni al galanismo, ni a lopismo ni a otra cantidad de ismos añadidos al nombre del dirigente político aspirante al favor de los votantes. 

Hasta antes de la reforma constitucional de 1991 los votantes eran convocados a manifestar su opinión con respecto a la composición del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales. Las contiendas políticas suelen ser bastante encarnizadas. Cuando entró en vigencia la convocatoria  se amplió para que los mandatarios de los municipios, así como los gobernadores de los departamentos fueran escogidos por los ciudadanos. En la nueva Constitución se elevó a la condición de departamento a todas las divisiones territoriales hasta ese momento vigentes como eran las intendencias y comisarías. De un momento a otro estas divisiones territoriales adquirieron una condición que antes se lograba gracias a condiciones de habitantes, ingresos y otras que deberían ser aprobadas por el Congreso. De un momento a otro se convirtieron en departamentos en muchos casos, sin que tuvieran las condiciones que antes se exigían. Lo cierto es que algunos han demostrado que no estaban preparados para ello. Pero bueno, ese es otro tema del cual tendremos que ocuparnos en otra ocasión.      

El uso de la figura del plebiscito no es otra cosa que la consulta de los poderes públicos somete al voto popular directo para que apruebe una determinada propuesta sobre asuntos  del interés nacional. Así definen este vocablo las normas de nuestra lengua en el DRAE; por estar muy lejos de ser docto en los términos jurídicos, por el momento me atrevo a tomar la definición del DRAE como cierta. La memoria sobre situaciones como ésta a la cual estamos enfrentados ahora los ciudadanos colombianos para decir Sí o No sobre los convenios que han estudiado y suscrito el Gobierno y los representantes de la guerrilla, las Farc, me lleva al caso en el cual todos fuimos invitados a expresar nuestra opinión con respecto al otorgamiento o reconocimiento de todos los derechos civiles y políticos a nuestras queridas compañeras de la vida.

Ese fue un buen ejercicio ciudadano. Ahora nos invitan a decir Si o No; no hay ismos aquí y si alguna de las expresiones por las cuales se pregunta resulta mayoritaria no nos vamos a coger de las mechas ni a pelear. Será  un magnífica manifestación ciudadana que no tiene porqué enemistarnos unos a otros. Los que vamos por el Sí estamos seguros que manifestamos nuestra opinión con amplio espíritu de reconciliación.  Nuestros enemigos de ayer deben convertirse en nuestros amigos del futuro. El gran resultado de estas negociaciones es que quienes hasta ayer decían que este es un gobierno espurio lo reconocen como  legítimo y  respetable.