La Procuraduría General de la Nación elevó un control de advertencia y solicitó a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, información sobre el presunto incumplimiento del convenio para la transferencia de recursos que permitan la operatividad y funcionamiento de la entidad bomberil, situación que ha generado retrasos en el pago de salarios y demás acreencias laborales.
La Provincial de Instrucción de Buenaventura hizo énfasis en el riesgo que actualmente presentan las unidades que deben atender las emergencias en el territorio por la falta de los pagos correspondientes a los aportes a la seguridad social, lo que genera un riesgo adicional para los funcionarios.
El Ente de control requirió constancia de las trasferencias realizadas durante la vigencia 2024 en el marco del convenio referido, para establecer responsabilidades frente a eventuales situaciones que en el marco de una atención de emergencia pueda implicar afectaciones en la salud e integridad física de las unidades bomberiles que no cuenten con el amparo referido.
Así mismo, el Ministerio Público pidió información a la mandataria y a la jefe de la Oficina de Planeación y Atención de Desastres, Diana Vanessa Cabrera Angulo, sobre los planes de contingencia previstos para la época de lluvias y otros posibles desastres que por sus competencias tengan a su cargo, especialmente teniendo en cuenta el aumento del caudal que se ha registrado en el distrito.
Finalmente, la Procuraduría pidió adoptar medidas que garanticen las estrategias de respuesta frente a eventuales emergencias.