Las empresas públicas de Medellín (EPM) tienen la característica de ser la única prestadora integrada de servicios públicos que existe en Colombia. Por tanto, su gerencia debe tener un alto carácter técnico por la complejidad de los asuntos que maneja y su diaria gestión debe estar ausente de la politiquería. Esto, en líneas generales, se había logrado en sus largos años de vida corporativa. Hasta esta semana cuando todo se estropeó por las actitudes arrogantes del alcalde de Medellín.

El municipio de Medellín es el dueño de EPM. Su patrimonio es de todos los antioqueños, principalmente de los habitantes del valle de Aburrá. Por eso, además de ser una de las empresas de servicios públicos más respetadas de América Latina y ciertamente de Colombia, todo lo que sucede en EPM es de interés ciudadano.

Como el dueño de EPM es el municipio de Medellín su alcalde preside la junta directiva. Es lo natural y así lo reflejan sus estatutos. Sucede algo similar -guardadas naturalmente las diferencias- con la junta directiva del Banco de la República, donde el ministro de Hacienda la preside.

Pero ni el ministro de Hacienda es un todo poderoso mandamás en el banco emisor, ni los caprichos políticos del alcalde de turno de Medellín tienen porqué avasallar a los otros miembros de la junta que él preside donde simplemente debe coordinar una gestión. Pero nada más. Ni tampoco le es permitido violar burdamente las más elementales normas corporativas que rigen tan importante empresa. EPM no es una secretaria del despacho del alcalde.

Estas verdades elementales son las que parecen haber olvidado el alcalde Quintero de Medellín. Y las que han envenenado el clima corporativo de EPM en estos últimos días. Con arrogancia insólita, que nunca se había visto en las relaciones gerente-alcalde está manejando los asuntos institucionales a punta de absurdos diktat politiqueros: nómbreme a éste; destitúyame a aquel; olvide que fulano no cumpla con los requisitos mínimos para ocupar tal o cual puesto; el gerente no puede hablar con los medios sino una oscura delegada del alcalde en EPM que ni siquiera es antioqueña; anunciando hoy una renuncia inexistente del gerente al terminar una reunión de la junta directiva y decretando mañana la insubsistencia del gerente, al que por otra puerta estaba hipócritamente solicitándole la renuncia pero elogiándolo en público.

El gerente saliente de EPM manejó con altura estos epilépticos manejos del alcalde. Podría decirse que su salida fue más digna que su llegada. Y quedan en el historial de sus ejecutorias durante el escaso año que estuvo al frente de esta importante empresa logros indiscutibles.

Es triste, realmente, ver a una empresa tan importante como EPM sometida a la piñata tosca de la politiquería, como no se ve ni en los concejos municipales de los municipios más pequeños. Las relaciones de EPM con la administración municipal de Medellín están, además de sus estatutos, regidas por un código de buenas prácticas corporativas. Todas las normas y límites que ese código impone se las llevó de calle el alcalde Quintero envuelto en una megalomanía que no parece tener límites. Que destruye la credibilidad corporativa de EPM. Y que le va a traer a Medellín y al país grave demérito ante la comunidad financiera y los bancos multilaterales.

Las empresas prestadoras de servicios públicos en general y EPM en particular son pieza esencial en la democracia colombiana. Y muy especialmente en estos tiempos de pandemia en que los servicios públicos han jugado un papel crucial para que Colombia no se paralice a pesar de los confinamientos. Y para que aún en los delicados tiempos que vivimos los servicios públicos hayan podido seguir prestándose de manera continua y confiable.

La desconsiderada y atolondrada actitud del alcalde de Medellín, creyendo que por ser el burgomaestre del municipio dueño de EPM todo le está permitido, le acarreará a esta empresa tan querida por los antioqueños y por el país todo, daños que ojalá no terminen siendo irreparables.