La historia de los conflictos armados en diferentes países del continente dan cuenta, una vez terminadas las confrontaciones, de investigaciones y acusaciones por violación a los derechos humanos, de manera que Colombia, si aspiramos a lograr la gran reconciliación nacional, no será la excepción, pero anhelamos todos los colombianos para bien de la patria y  consolidación de la paz  futura, que las mencionadas investigaciones se adelanten de manera imparcial, ajustadas a la realidad y ceñidas a la verdad.

Para correr el velo de la sinceridad no sería saludable retrotraer todos los anales de violencia en nuestro suelo, invocar una confrontación insensata entre dos partidos políticos en épocas pretéritas, no pareciera  inteligente ni  mucho menos sano, por el contrario sólo se extenderían  las anécdotas, aparecerían algunas fábulas y la verdad, como lo reza el adagio, con el tiempo huiría. Bástenos  reconocer que esos episodios son la génesis del enfrentamiento terminado con las negociaciones de La Habana.

Ideal sería mirar al futuro apoyados en la realidad, sin retaliaciones, persecuciones o venganzas. Lo importante es asegurarnos que el posconflicto sea la puerta hacia una vida armónica, tranquila y productiva. Urge demostrar que terminado el enfrentamiento entre la Farc y la fuerza pública, todos los indicativos estadísticos de criminalidad, especialmente las muertes violentas  descendieron, porque de consolidarse la inseguridad en nuestro medio el fortalecimiento de la paz demoraría más de lo esperado, dando paso, como lo venimos percibiendo, a ciertas problemáticas delincuenciales,  donde sobresale  la rudeza intrafamiliar, el hurto a residencia, el fleteo, el narcotráfico y de mas actividades delictivas que juegan en contra de la tranquilidad nacional.

Lo anterior prende las alarmas para hacer entender a los gobiernos que la fuerza pública, independiente del   posconflicto, y su fortalecimiento,  tiene una responsabilidad de grandes proporciones respecto al  consolidación del orden público interno y externo, porque al tema de seguridad, tanto rural como urbana, se debe sumar la constante amenaza venida de los  disidentes y bandas criminales, que tienden a copar espacios y sectores  dejados por las Farc,  involucrándose en la minería ilegal tan nociva, peligrosa y  funesta para la economía nacional, al igual que  el narcotráfico y sus nefastas organizaciones criminales.

Cualquier lector desprevenido entenderá  mi afán por el destino que los futuros gobiernos la den a la fuerza pública, que constitucionalmente tiene misiones destinada a la  defensa de la nación; preocupa que el Congreso mire con inquietud la función de las fuerzas del orden durante el posconflicto, ¡cuando el país reclama a gritos seguridad y  tranquilidad! clamor que sólo las fuerzas militares y de policía pueden responder  con lujo de competencia. Invito a dirigir la mirada a estos aspectos para permitir a los mandos diseñar sus estrategias  y programas que aseguren un posconflicto que comprometa a todos los actores.