La profundidad y la magnitud de la crisis económica que está empezando a atravesar el mundo, y de rebote Colombia, como consecuencia del coronavirus, no pueden subestimarse.

Para nuestro país las consecuencias son mayúsculas. Y para el resto del planeta ni se diga. Ya se da por hecho que para el año 2020 habrá una fuerte recesión a nivel mundial.

La ruptura de los canales comerciales, del turismo, del deporte, y de las cadenas de producción que se han impuesto por razones sanitarias pasará una dura cuenta al crecimiento económico del planeta.

La magnitud de esta cuenta dependerá de cuánto duran las restricciones sanitarias establecidas. Y de las nuevas que se impongan. Por el momento - y a diferencia de otras crisis como la que hubo en 2008- la del coronavirus está más centrada en el sector real que en el financiero.

Colombia tendrá que empezar por rehacer con premura sus cuentas fiscales para el 2020 y 2021 que las ha desbaratado el coronavirus. El Ministerio de Hacienda es de suponer que esté en eso.

Solo para tener un orden de magnitud del problema fiscal que se nos avecina vale la pena recordar esta sencilla cuenta: supongamos que la situación del precio internacional del petróleo dura un año a niveles de US$30 en vez de los US$ 60 que era el precio de referencia en las cuentas fiscales.

Ese solo factor le representará al presupuesto nacional menores ingresos (menos regalías, menos utilidades transferibles de Ecopetrol, menos impuestos de la industria petrolera) del orden de $ 12 billones. Con los que se contaba para financiar gasto público urgente; 12 billones de pesos es un faltante parecido (recuérdese) a aquel que se invocó para justificar la última reforma tributaria.

El primer reto, entonces, es definir cómo y cuándo se va a suplir ese faltante de financiamiento del gasto público que deja el derrumbe del precio del petróleo.

¿Con una nueva reforma tributaria? No parece el mejor momento para pensar en ello a no ser que se trabaje por el lado de eliminar costosas exenciones que con ligereza se otorgaron en la última reforma fiscal. ¿Con más endeudamiento público? No hay mucha la flexibilidad teniendo en cuenta que la relación deuda pública/ PIB ya excede el 50%, pero algún margen suplementario habrá que encontrar. ¿Comprimiendo otros renglones de gasto público actual? No se ve tampoco que esto sea realista en las circunstancias que se viven.

Pero algo importante tendrá que hacerse. Probablemente con más endeudamiento y redireccionando parte del gasto que ya está decretado. Es urgente diseñar pronto un programa de choque que contenga, entre otros, los siguientes elementos: más inversión pública generadora de empleo hacia sectores estratégicos de infraestructura como son las vías terciarias. Ayudas directas a las familias más pobres cuyos precarios ingresos se van a esfumar con esta crisis. Y apoyos a las municipalidades para apuntalar los servicios sanitarios que pueden resultar desbordados si se agudiza el brote del virus. ¡Recuérdese que los chinos construyeron un hospital con capacidad de mil camas en diez días!

Pero debería irse más lejos. Las medidas que se han esbozado con la emergencia social que se decretó esta semana parecen estar bien orientadas. Francia y España, que anunciaron medidas similares, las cuantificaron fiscalmente al presentarlas. Por ejemplo, el paquete de medidas que va a implementar España equivale al 20% de su PIB. Una suma gigantesca, apenas comparables a las que se pusieron en marcha durante la gran depresión de los años treinta del siglo pasado.

Nosotros debemos hacer algo por estilo. La gravedad de la crisis- y sobre todo de la que puede venir en los meses venideros- lo justifica. El riesgo con las medidas de la emergencia social, tal como se han anunciado, es que nos quedemos en algo muy disperso y de corto plazo. De esta emergencia debemos salir no solo más sanos sino con una estructura social más justa y equitativa para Colombia.

Propongo en consecuencia dos iniciativas para estudiar (ya existen por lo demás muchos estudios actuariales al respecto): sentar las bases de un seguro al desempleo para los sectores más desvalidos de la sociedad y una universalización del seguro de vejez o pensional. Tendría mucha lógica actuar estructuralmente ahora en estos dos campos que van a ser los más golpeados con la crisis. Así lo acaba de hacer Chile, por ejemplo.

Debemos irnos acostumbrando a vivir con un dólar caro que estará en la plataforma de los 4.000 pesos, más que en la de $3000 a la cual es improbable que retornemos.

Hizo bien el Banco de la República en descartar de entrada que intervendría el mercado cambiario vendiendo reservas, en el vano intento de no dejar subir la tasa de cambio. Quemar reservas del país con ese ilusorio propósito hubiera sido un disparate.

La función primordial de un Banco Central en circunstancias como las que estamos viviendo es garantizar la liquidez: no la de forzar una tasa de cambio distinta de la que dictamine el mercado. Tanto más dentro de un sistema de tasas flotantes como la que tenemos desde hace dos décadas, que ha funcionado bien.