Revuelo político en la semana mayor ocasionó la noticia de que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos al exgobernador Fajardo por la contratación de un empréstito en dólares, con Findeter, para sustituir cartera en pesos que adeudaba el departamento de Antioquia durante su administración.

Le han llovido rayos y centellas a la Fiscalía, lanzados por políticos y economistas, que no conciben que se pueda investigar al exgobernador por los cambios en la fluctuación del dólar.  Preocupa la desinformación, la falta de rigor, y la desinstitucionalización, con la que proceden algunos de nuestros dirigentes nacionales.

La Fiscalía no hace otra cosa que cumplir con su deber. El hecho es claro y por supuesto, que amerita la investigación. Adquirir un préstamo en dólares para pagar deuda nacional contraída en pesos ya de por sí es una proeza que llama poderosamente la atención. Cosa distinta es que fuera un préstamo del BID o del Banco Mundial, que siempre son en divisa extranjera; pero un endeudamiento interno, en moneda extranjera, para pagar deuda contraída en moneda colombiana, por lo menos justifica una indagación. Pero si además se agrega que no hubo una cobertura por el riesgo cambiario, a la cual no se estaba obligado, pero la elemental lógica la aconseja cuando se administran dineros públicos; y si se agrega que no se hicieron estudios financieros y cambiarios que ameriten la conversión en reversa, cuando el riesgo es evidente, aquí todo puede bajar menos el dólar; negligente sería el ente acusador si no realizará la debida investigación.

El detrimento patrimonial para el departamento fue evidente, de más de 320.000 mil millones de pesos en que se aumentó la deuda por culpa de la operación.  Por el llamado Cartel de la toga, de los más graves actos de corrupción recientes, los sobornos no superan los tres mil millones, que no son públicos.

Ahora, que se investigue no quiere decir, que el exgobernador sea responsable de un delito o su equipo de gobierno. Para eso es la investigación, para que rindan sus descargos y expliquen sus actuaciones. Con plena garantía del debido proceso, del derecho de defensa y de la presunción de inocencia.  Es lo mínimo que debe hacer la Fiscalía. Las repercusiones políticas son cosa diferente y son los riesgos que se corren cuando se administra lo público.

Absolutamente impertinente la petición de que la Fiscalía instale un comité técnico jurídico para determinar si hay o no razón para la imputación. Los procedimientos y las competencias no se pueden diseñar al gusto de las personas por importantes que sean.  Ese equipo técnico, ya está conformado, es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de primera instancia, quién deberá decidir si la imputación es o no procedente.  Dejemos que actúen la instituciones; en una democracia no puede haber intocables; todos estamos sometidos al escrutinio público y obligados a rendir cuentas por nuestras actuaciones.