Hay que reconocer que la decisión del ahora expresidente Juan Manuel Santos, de otorgar de manera formal y explícita a Palestina el reconocimiento como Estado “libre, independiente y soberano”, fue tomada en un momento muy poco oportuno, casi en la fecha de expiración de su mandato constitucional.  Y hay que reconocer, también, que de manera inoportuna -tan sólo un día después de posesionado el nuevo Gobierno- la noticia fue conocida públicamente, a través de un comunicado de la misión diplomática de Palestina en Colombia.

Hay que reconocer que, por la forma en que ocurrieron los acontecimientos, las consecuencias diplomáticas de esa imprudente decisión recayeron, y han tenido y tendrán que ser gestionadas por el nuevo Gobierno, que aunque no la tomara, no puede simplemente desconocer un pronunciamiento semejante, que compromete al Estado colombiano, según las reglas del derecho de gentes y ante la comunidad internacional.  En ese sentido, acaba siendo prácticamente irrelevante que la misma haya sido o no consultada o informada al presidente Duque y a su Ministro de Relaciones Exteriores.

Hay que reconocer que Colombia no es la primera nación, ni será la última, que otorgue a Palestina ese reconocimiento; y que en el contexto latinoamericano, tras la ola masiva de reconocimientos otorgados en 2010 (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Guyana), la posición de México, Panamá y Colombia resultaba excepcional y marginal.  Y hay que reconocer, igualmente, que tras su admisión en la ONU como observador, en la categoría de Estado no miembro -al cabo de una votación en la Asamblea General en la cual Colombia se abstuvo- y en otras organizaciones internacionales (como la Unesco), y tras su accesión al Estatuto de Roma, Palestina funge y se comporta como un Estado bajo el derecho internacional.

Hay que reconocer que, no obstante lo anterior, la decisión del expresidente Santos implica un cambio en la posición histórica de Colombia sobre la materia, reiterada por él mismo (“cuestión de principio”, la llamó incluso) y por su Canciller, en más de una ocasión y ante múltiples audiencias.  Y hay que reconocer, adicionalmente, que esa posición histórica formaba parte del acervo sobre el cual se ha construido hasta ahora la relación de estrecha amistad, alianza y cooperación con el Estado de Israel.  Precisamente por eso, hay que reconocer que el gobierno Santos obró de manera contraria a la cortesía internacional, de conformidad con la cual hubiera debido notificar a Israel sobre su decisión en un tema que esa nación considera particularmente sensible (así lo han hecho, valga la pena señalarlo, otros Estados, con quienes Israel acaso tiene un vínculo mucho menos estrecho que el que tiene con Colombia).

Hay que reconocer que por elementales razones de seguridad jurídica, no existe en el derecho internacional una figura o instrumento que permita el “des-reconocimiento”.  El único caso en el que algo como la “revocatoria del reconocimiento” tuvo lugar, fue en 1932, cuando Japón lo hizo en relación con China, como justificación de un ominoso acto de agresión.  Hay que reconocer, por tanto, que el reconocimiento es un fait accompli… Uno de los muchos que el gobierno Santos quiso legar e imponer a su sucesor.

Hay que reconocer que poco o nada sirve a los intereses de Colombia haber otorgado ese reconocimiento.  No era, en modo alguno, necesario.  En cambio, la relación de Colombia con Israel -cuyo valor estratégico es innegable, como bien lo sabe el expresidente Santos- se ha resentido gravemente.  Y hay que reconocer que esa decisión también puede afectar la relación de Colombia con otros Estados, y en particular, con Estados Unidos.

Hay que reconocer que el expresidente Santos ha guardado un silencio olímpico sobre las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.  Esas razones no aparecen claras en la carta firmada por la exministra Holguín, y por ahora, reposan in pectore.

Hay que reconocer que una decisión tan compleja debió tomarse de otra forma.  En fin, ¡qué se le va a hacer!  Los gobiernos se heredan unos a otros sus responsabilidades y también, sus irresponsabilidades. Y esa herencia no admite beneficio de inventario.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales