El Consejo Gremial tuvo la buena idea de convocar a un gran conversatorio esta semana para reflexionar sobre iniciativas que puedan ayudar a reactivar la postrada economía colombiana.

Invitado amablemente a participar en este evento, me permito presentar a continuación una síntesis de las ideas que allí expuse.

El sector privado colombiano representa el 80% de la economía al paso que la administración pública solo es el 20%. No puede entonces pretenderse que el Estado haga lo que la empresa privada o no está queriendo o no ha podido hacer.

En los primeros dos años de la administración Petro ha habido un telón de fondo que desconoce esta realidad y maltrata frecuentemente al sector privado. De manera que la primera recomendación, si se quiere reactivar la economía, es eliminar los brotes estatizantes que a menudo se observan en el lenguaje encendido del gobierno Petro.

Todo programa de recuperación económica tiene dos ingredientes: un incremento en el gasto público para jalonar la demanda agregada, y un ingrediente sicológico que, frecuentemente, se conoce como la confianza inversionista.

En los actuales momentos es muy difícil imaginar (con la situación fiscal que vivimos) que el gobierno disponga de recursos fiscales para inyectar una cantidad importante de dinero adicional para reactivar la demanda. La Contraloría señaló esta semana que el recaudo de los tributos sigue en caída libre y experimenta una disminución adicional del 17%, alcanzando guarismos que no se veían desde antes de la pandemia. O sea, por el lado de la promoción fiscal de la demanda agregada es muy poco o nada lo que puede hacerse en estos momentos.

En el campo en el que si se puede actuar es en el de la sicología social. Para lo cual bastaría que el gobierno Petro le baje decibeles a su discurso amenazante y camorrista contra el sector privado. Aunque en el discurso presidencia del 20 de julio hubo algún atisbo de que esta sería la nueva tónica verbal de la segunda parte de su mandato, y a pesar de que algunos ministros hacen esfuerzos para moderar las constantes amenazas contra el sector privado, es indispensable que esta manera verbal se haga creíble.

En el evento del Consejo Gremial hubo también consenso entre los asistentes sobre que el principal escollo de la recuperación económica es el desplome de la inversión, que está en niveles que nunca se habían visto. Para el presupuesto de la vigencia del 2025 hay un nuevo recorte del 30%.

Un ingrediente indispensable para recuperar la confianza inversionista es, pues, de carácter sicológico. Y esto dicho en buen romance significa que el gobierno Petro debe dejar de mirar al sector privado como un enemigo (cosa que ha hecho encarnizadamente en los primeros dos años de la actual administración) y empiece a entenderlo como un socio indispensable de la recuperación económica.

Las voces que se escucharon en este evento, y a las que uní la mía, coincidieron en que no es éste un buen momento para pensar en una nueva reforma tributaria, como la que ha esbozado el gobierno y en especial el ministro Bonilla.

Una reforma tributaria es siempre un plato fuerte en cualquier legislatura en que se presente. Y la que comenzó el pasado 20 de julio está especialmente congestionada, con lo cual el atiborramiento de los trámites parlamentarios en vez de disminuir se acentuará con una iniciativa así.

Pero, además, el gobierno ha dicho que lo que busca es disminuir la tarifa de las sociedades del 35% al 30% y compensar ese sacrificio fiscal con una elevación de las tarifas de las personas naturales que ganen más de $10 millones mensuales. Así planteadas las cosas es evidente que una nueva reforma tributaria agitará aún más, si es que ello cabe, el ambiente político descompuesto que vive el país y ensombrecido con la noticia sobra una corrupción desenfrenada.

Ha dicho el ministro de Hacienda que esperará hasta octubre y noviembre para calibrar cómo están digiriendo las personas naturales la última reforma tributaria que tuvo lugar en 2022. Si esto es así, resultará entonces muy improbable que la nueva tributaria esté aprobada antes del 31 de diciembre de 2024, para poder entrar a aplicarse en el 2025.

Y si su aprobación queda pospuesta para el 2025 -toda vez que las modificaciones en los impuestos directos solo pueden entrar en vigencia al año siguiente de aquel en que son aprobados- significaría que la nueva reforma tributaria sólo entraría en vigencia en el 2026, cuando ya sería muy tarde para cumplir propósitos reactivadores de la economía.

En síntesis: en este importante conversatorio del Consejo Gremial quedaron en claro varias conclusiones que me permito sintetizar así: el Estado puede ayudar a agilizar la marcha de la economía, pero no puede sustituir al sector privado;  la situación fiscal por la que atraviesa el país no permite visualizar un plan contra cíclico de aplicación inmediata al estilo keynesiano, puesto que la situación de las finanzas públicas es mucha más precaria de lo que se ha reconocido; se impone con apremio recuperar niveles de confianza que se han venido perdiendo luego de dos años de discurso camorrista contra el sector privado por parte del gobierno; y por último, no es buen momento para pensar en una nueva reforma tributaria.