LA ‘PRIMA ESPECIAL’
Tratamientos lamentablemente diferentes
Cuando la Corte Constitucional ordenó rebajar las pensiones de los excongresistas y exmagistrados que habían sido concedidas con fraude a la ley, escuchamos a funcionarios gubernamentales aplaudiendo la medida, hablando del equilibrio y de la sostenibilidad fiscal y de poner fin a injusticias y a iniquidades. Claro, se trataba de excongresistas en retiro que ya no ofrecen peligro a las pretensiones políticas electorales futuras.
Ahora que les tocó el turno a los altos sueldos de los congresistas, por decisión judicial del Consejo de Estado, cambia el discurso; se invocan los derechos adquiridos, que a los funcionarios públicos no puede rebajarse el sueldo y se expide un decreto reglamentario, con el propósito de “hacerle el quite” a la sentencia, y compensar con una “prima especial de servicios”, la caída de la “prima de localización” y la de “salud”, que disminuyeron los ingresos de los congresistas y los dejaron apenas en $ 17.500.000. mensuales. Por supuesto, son políticos activos e inciden en las próximas elecciones.
Dos actitudes diferentes y los argumentos se cambian dependiendo del interés del momento. Así no puede ser, queda muy en evidencia el interés político del Gobierno.
Justificar como derecho adquirido, el cobro de una "prima de localización" a la que no se tiene derecho, pues el congresista vive y habita en Bogotá, es por lo menos un despropósito. Allí no hay derecho adquirido, siguiendo la misma doctrina de la Corte Constitucional, lo que ha habido es un fraude en su cobro. Además, lo que hizo la sentencia del Consejo de Estado fue advertir que esta prima solo cabe para quienes en verdad la requieran por tener su sede principal fuera de la capital, no para todo el mundo.
Al crear la prima especial, no solamente se hace fraude a resolución judicial, sino que se entroniza una verdadera iniquidad en los sueldos de los funcionarios públicos. No es la única. Hay funcionarios públicos como el salido presidente de Colpensiones que dicen que ganaba más de cuarenta millones de pesos mensuales. ¿Acaso no existe una norma que dice que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República? Otra iniquidad que se entroniza con el argumento de que hay que ponerse a tono con el sector privado. Lo que hay que hacer es buscar funcionarios que tengan vocación de servicio, si no la tienen, pues que se vayan al sector privado, pero que no se presenten ante la opinión pública como servidores públicos, cuando la verdad es que se están enriqueciendo.