CASI 10 millones de personas, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de los hogares, podrían quedarse sin el servicio de energía ante las demoras del Gobierno en el pago de los subsidios.

De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR) estos pagos corresponden a los auxilios cobrados a través de facturación a empresas prestadoras de energía.

Esa situación afectaría especialmente a hogares ubicados en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Cabe mencionar que actualmente el esquema de subsidios funciona de la siguiente forma: hasta del 60% para el estrato 1, hasta el 50% (estrato 2) y 15% (estrato 3).

El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que “se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía”.

Vigilancia

Precisa la CGR, que “la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”.

Ante este hecho, el contralor General hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, “a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”.

A juicio de la CGR, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos.

Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.

“Las circunstancias anotadas: no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional; ingresos no recaudados por la “opción tarifaria”, y el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista, configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”, indica la CGR.