La actual política de seguridad y orden público tiene muchas falencias. El creciente clima de violencia en gran parte del territorio, así como los picos en el accionar de la delincuencia común y organizada lo confirman. E igual lo hacen el alud de denuncias al respecto en la última cumbre de gobernadores, el informe de la Defensoría del Pueblo en torno a que los grupos ilegales operan en el 73% de los municipios del país, crisis tan graves como las del Catatumbo y Chocó, así como varios informes de las agencias de la ONU sobre la difícil situación humanitaria y de desprotección estatal que están atravesando muchas zonas en Colombia en donde las facciones criminales están sometiendo a la población a punta de terror en pos de un progresivo ‘control’ territorial.
Tanto el entrante ministro de la Defensa, general (r) Pedro Sánchez, como el nuevo director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, en sendas entrevistas en este Diario ‒la última semana‒, delinearon algunos de los ajustes a la estrategia y énfasis operacionales que se aplicarán para hacer frente al desafío criminal en distintas zonas del país.
Lo primero a destacar es que ambos mandos parten de una visión realista de la situación preocupante en varios departamentos y, sobre esa base, revalidan los resultados de la Fuerza Pública en su combate a los factores delincuenciales de toda laya, también señalan los flancos en que se trabajará más para contener los focos de violencia. Una actitud, sin duda, objetiva, sobre todo si se compara con uno de los últimos pronunciamientos del ahora exministro Iván Velásquez en torno a que se estaban “maximizando” los brotes de violencia o los mismos intentos de la Casa de Nariño por señalar, teniendo en cuenta solo la reducción de homicidios, que se está recuperando la paz y la tranquilidad en los territorios. Como era de esperarse, de inmediato hubo un alud de réplicas tanto al saliente y criticado titular de la cartera castrense como al propio presidente de la República, señalándolos de querer minimizar ‒en una actitud por demás ingenua‒ una crisis de seguridad y orden público que a diario victimiza a millones de colombianos.
De esta forma, así como esperanza que para el ahora ministro Sánchez “la prioridad es recuperar el control territorial”, sin lo cual es imposible avanzar en la aplicación del principio de autoridad legítima y supremacía institucional, también debe resaltarse que en el plan de seguridad urbana y rural el general Triana le dé prioridad a los operativos para incautar armas de fuego ilegales, captura de homicidas, el combate a las distintas modalidades de extorsión, redes de narcotráfico y hurto, tal y como el reforzamiento de las capacidades de inteligencia para desmantelar las estructuras de las organizaciones de delincuencia común y organizada. Cada uno de estos flancos es clave para poder frenar la racha de homicidios y actos de sicariato que se ha presentado en las últimas semanas.
No es una tarea fácil, en modo alguno. De hecho, que el director de la Policía advierta que en nuestro país se incauta un arma de fuego ilegal cada 24 minutos en promedio, es un asunto muy preocupante. No solo porque la tenencia y el porte de armas con salvoconducto están cada vez más restringido a los civiles, sino porque pone de presente cómo las economías ilegales se han fortalecido de manera progresiva en nuestro país, aumentando su capacidad de agresión y victimización a una población cada día más inerme.
Ahora bien, es evidente que la implementación de los planes de reforzamiento de la estrategia militar y policial requiere no solo de la voluntad política del gobierno de turno, sino de la disposición suficiente de recursos para aumentar el pie de fuerza, equipamiento, capacidad de reacción rápida y movilización, así como el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia. Estos nuevos énfasis operacionales solo serán efectivos si desde la propia Casa de Nariño se corrigen las directrices que en materia de seguridad, orden público, y política de paz se han aplicado en estos dos años y siete meses. Unas directrices que innegablemente han restringido el accionar de las tropas y permitido que los grupos violentos crecieran peligrosamente, multiplicando sus ganancias por narcotráfico, minería criminal, trata de personas, contrabando, extorsiones, robos y otros delitos. Todo esto hasta llegar al extremo de combatir entre sí por el dominio de corredores y enclaves, dejando al Estado como una especie de espectador pasivo e impotente para cumplir su misión fundacional: la protección de la vida, honra y bienes de la población.
El Gobierno debe corregir el rumbo. De lo contrario, por más voluntad de los mandos, tropas militares y policiales será imposible recuperar la iniciativa y volver a imperar en el territorio.