CERTIDUMBRES E INQUIETUDES

Crisis de la Justicia

UNO  de los proyectos que ha anunciado el Gobierno -que es importante y urgente-  es el relativo a la reforma de las normas sobre administración de justicia.

El desprestigio y la falta de credibilidad de la Rama Judicial han venido creciendo en el país. Son indispensables unas reformas, pero ante todo es urgente revisar quiénes y cómo están aplicando la normatividad vigente.

La crisis en la administración de justicia no tiene origen exclusivo en las disposiciones vigentes, pues gran parte de las fallas que acusa han sido provocadas por fallas humanas. De nada sirven una Constitución y unas leyes perfectas si los hombres que las llevan al caso específico mediante sus fallos son ineptos o prevaricadores, o si están mal preparados en materia jurídica.

Debemos insistir en el hecho de que no todo el aparato judicial está contaminado por los vicios en referencia, pues todavía encontramos jueces y magistrados imparciales, estudiosos y honestos, pero las muchas manzanas podridas que hay en su interior desprestigian a las instituciones y le causan mucho daño al país. Lo que se espera del juez en una sociedad es que inspire respeto, y solamente lo consigue mediante el ejercicio decoroso y pulcro de su delicada función.

Los jueces, a diferencia de lo que está pasando entre nosotros en innumerables casos, deben conducir los procesos con celeridad, con imparcialidad; con fundamento en la normatividad aplicable y sobre la base del cuidadoso estudio y la necesaria valoración del material probatorio, para proferir sentencias justas y oportunas, en las que exista una motivación suficiente, una indispensable congruencia y un enlace lógico entre ella y la decisión que en cada proceso se adopta.

El prestigio y la respetabilidad del juez o magistrado no se derivan automáticamente de su nombramiento o elección -como algunos piensan-, y ni siquiera de su posesión. Se consiguen mediante un comportamiento ejemplar. Quizá en este terreno, más que en otros, adquiere valor el concepto evangélico que remite a los frutos para conocer al sujeto.

El juez o el magistrado, por la misma naturaleza de su potestad -nada menos que la de impartir justicia, dando a cada cual lo que le corresponde-, no están llamados a servir los intereses de nadie; ni deben tener compromisos con quienes los postularon o los eligieron; ni tienen que pagar o hacer favores. Las sentencias deben fluir del examen imparcial de los hechos y de la recta  aplicación del Derecho.