Constitución y paz
Vale la pena recordar que la actual Constitución colombiana nació en medio de la enorme violencia desatada por el narcotráfico, y que uno de los propósitos buscados por los colombianos en el curso del proceso constituyente consistió en establecer unas instituciones firmes que fueran adecuadas al momento histórico y propicias para lograr la paz, que ha sido hasta ahora tan esquiva.
Por otro lado, participaron en calidad de delegatarios -elegidos por vía democrática- antiguos miembros del M-19 (Movimiento 19 de Abril), que había hecho la paz con el Gobierno de Virgilio Barco y que se presentó a los comicios -ya dentro de la legalidad- con el nombre de “Alianza Democrática M-19”, e inclusive, uno de sus integrantes (Antonio Navarro Wolf) presidió la Asamblea Constituyente junto con los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. Todos ellos estaban claramente comprometidos -como los constituyentes de otros partidos y movimientos- con el objetivo de plasmar una Carta Política moderna, respetuosa de la dignidad humana y orientada por los postulados del Estado Social de Derecho.
Cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la exequibilidad de uno de los decretos legislativos que hicieron posible la convocatoria, trajo en su apoyo a Norberto Bobbio, en cuyas palabras “las constituciones son tratados de paz con una mayor vocación de permanencia”.
La labor de la Asamblea no fue estéril. En apenas cinco meses redactó y aprobó una Constitución que, aun con todos sus defectos de índole formal, es reconocida en todo el mundo como estatuto nítidamente democrático, liberal, participativo, pluralista, igualitario, integrador. Y en su parte dogmática sentó las bases ideológicas y políticas de un orden justo, los valores, los principios y las finalidades esenciales de todo el sistema jurídico. Para corroborarlo es suficiente ver que su preámbulo tiene en la paz uno de sus elementos esenciales, y que el artículo 22 declara que la paz es un derecho fundamental y un deber de obligatorio cumplimiento.
Así que el proceso que ha iniciado y adelantan el Gobierno y las Farc con miras al fin del conflicto armado, tiene un sólido fundamento en la Carta Política, como lo destaca la Corte Constitucional en los fallos proferidos de tiempo atrás sobre la ley de orden público y hace poco respecto al marco jurídico para la paz.
Pese a que el método aplicado admite observaciones y críticas, lo cierto es que, de fondo, este proceso debe ser apoyado en beneficio de nuestra sociedad y de las nuevas generaciones.