Ley en mano

El país tiene entre ojos al Congreso después del capítulo siniestro que dejó el trámite final de la Reforma a la Justicia. Es inaplazable ir al fondo del Senado y la Cámara, para destapar sin miedo y sin misterios, hoja por hoja, cada una de las propuestas legislativas pendientes.

Cobran vigencia los observatorios ciudadanos que se han constituido de manera reciente, en lo electoral, económico y social, entre otros, para defender propósitos comunes, y de paso, dejar en claro que el legislativo no es para intereses de grupo.

Lo cometido en la Comisión de Conciliación para la Reforma de la Justicia es  delito penal. Falsedad en documento público. Eso no tiene discusión.

Insólito que los congresistas se limiten a reconocer el asalto, como “una metida de pata” y que, “no alcanzamos a leer los goles que nos hicieron”.   

El deplorable espectáculo, no puede quedar en frases comunes de la ciudadanía que descalifican al Congreso, pero no aportan alternativas, como decir: “Eso lo sabíamos, hace rato”  o la desinteresada conclusión, “para qué votan, por esa gente”.  

La ciudadanía a sus legisladores debe demandarles honestidad, con la misma entereza que le reclama al Gobierno eficiencia y responsabilidad al sector privado.

 A cambio tendrá que actuar el Poder Judicial. Los autores del engaño, deberían expulsarse de inmediato del Congreso y de sus respectivos partidos políticos.

Ojalá la lluvia de denuncias contra los congresistas, no se convierta en inundación de disculpas, para terminar sin resultado. 

Las calificadoras internacionales en política, economía y desarrollo social, respaldadas por la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, e instituciones financieras en el mundo, tendrán en cuenta lo sucedido. El escándalo se reflejará en los índices de confianza del país.

Están pendientes iniciativas prioritarias, entre ellas, lo que debe ser la Política General  de Salud; Gobierno y particulares, a través de gremios empresariales y asociaciones profesionales, deben declararse guardianes del trámite que se siga sobre esa área, una de las más asaltadas.

El daño está hecho, por eso no tendrán credibilidad, más debates y propuestas en los dos cuerpos legislativos.                                                                                            

Es una pena tener noticieros de televisión de Senado y Cámara de Representantes; reciclaje de engaño que utiliza canales públicos, e impone su mensaje en los horarios informativos de los canales privados.

Debe prevalecer ahora, la soberanía popular, frente a hechos sensibles ocurridos en los poderes públicos.

La protesta no es con marchas a la Plaza de Bolívar. Eso está desgastado y, sólo deja destrucción y violencia. La vía se encontrará con Ley en mano, según la Constitución, para enfrentar la delincuencia en el Congreso.