El impuesto al patrimonio

La  propuesta del impuesto al patrimonio prueba dos hechos claros. Primero, en Colombia el estamento gubernamental no lee. Nada ni nunca lee bien como alguna vez se lo escuché al profesor José María Esguerra Samper. Segundo, lanza ideas que van en contravía de la evidencia existente.

En esta columna apareció en la primera reseña en el país hace 7 meses, cuando aún Paul Krugman pedía en su columna de The  New York Times su pronta traducción al inglés y otros idiomas, del ahora famoso libro de Thomas Piketty. En la reseña hecha en esta columna se dijo que esta obra propone un impuesto global al patrimonio lo cual significaría la celebración de un tratado multilateral. Es la única forma en que podría operar y es la médula del argumento del autor.

Pero en Colombia las reseñas aparecidas en varios medios, trasnochadas casi todas después de varios meses de la aparición del libro, exaltaron el renacimiento ideológico del impuesto al patrimonio, cuyas credenciales teóricas no pueden estar más averiadas. Y el alto gobierno, vía ministro de Hacienda, pescó la idea equivocada.

El propio Piketty estudió en detalle la evolución y muerte del impuesto al patrimonio en Suecia pero en Colombia los que no leen resolvieron bautizarlo padre del nueva tendencia impositiva al patrimonio. Newsweek llama recientemente la atención acerca de este entendimiento equivocado en nuestro país.

La Corte Constitucional de Alemania, en un estudio concienzudo (1995) que apela a herramientas econométricas y jurídicas, concluyó, poniendo fin a la fantasía tributaria, que el impuesto al patrimonio tendría que ser confiscatorio para alcanzar alguna redistribución del ingreso o un incremento justificable de los recaudos del gobierno central. El impuesto al patrimonio construye un dilema: es nugatorio contra la desigualdad o es confiscatorio. Punto.

Francia, donde el impuesto agoniza, recauda 2.6 billones de euros al año pero le ha significado a la economía casi 150 billones en fuga de capital desde 1998.  Esta lindeza fiscal, cuyos errores endémicos hemos advertido desde el primer día en que cursamos estudios superiores de finanzas públicas, adolece de un error fatal (así llamada por nuestro profesor de Harvard Oliver Oldman): la valuación del 65 por ciento de la cúspide de los contribuyentes (1 por ciento), en una muestra de 25 países, es de naturaleza no financiera.

Y centenares de estudios evidencian que el componente real del patrimonio es función del ciclo de vida. Así, el nivel máximo de patrimonio aparece en el último estadio cuando deudas, hipotecas, transferencias inter-generacionales han sido canceladas. En Colombia este patrimonio está compuesto habitualmente por la vivienda o un terreno. El impuesto al patrimonio propuesto castiga entonces con sevicia al patrimonio acumulado de clase media y media alta. ¡Vaya simpática equidad ofrecida!

Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria y de la Junta Directiva de Asobancaria, propuso (La República, agosto 22) balancear la carga impositiva entre individuos y corporaciones. También, si se quiere financiar mayor gasto público, incrementar recaudos por tres vías que pueden complementarse: aumento en la base de contribuyentes, control a la evasión y aumento en las tarifas.

Con todo el respeto que merece, un estudio minucioso de la gestión de Juan Ricardo Ortega en la DIAN en materia de control a elusión y evasión deja el sabor más agrio. No es sino revisar lo que las cifras dicen y no dicen. No es crítica gratuita sino ejercer el derecho que tenemos a contrastarla con experiencia internacional, el estado del arte en el tema fiscal y el cálculo ajeno a las fantasías tributarias.

El presidente Santos debe agradecerles más a quienes presentamos este ejercicio objetivo que a aquellos que predicen paraísos fiscales.