En frontera final
Es hora de que el presidente Santos y el ministro Yesid Reyes capten el sentimiento de rabia que está inundando el país. Basta entrar a un aula de clase en una universidad -desde Los Andes hasta una buena institución incipiente en Arauca, mi caso la semana que termina- para advertir una furia legítima que viene colándose también por redes sociales. El tema prevalente no es hoy La Habana sino la corrupción judicial desde la punta del iceberg podrido hacia abajo y ancho de toda la estructura de este poder público.
Lo irónico es que esta podredumbre le da una razón más a las Farc: la cúspide del Estado colombiano es un entretejido de intereses económicos delincuenciales. Doloroso decirlo aquí: la amenaza en lo que fue el patio trasero de Colombia, los territorios nacionales del oriente del país, olvidados por casi dos siglos, tiene frente doble. La criminalidad insurgente de fuera, en cabeza de Farc, Eln y bandas criminales y la criminalidad estatal de adentro, en cabeza de la rama judicial y casi todos los entes gubernamentales. La primera se conoce. La segunda actúa sigilosa y sinuosamente y por esta razón ostenta mayor peligrosidad.
“El gobierno de la ley (rule of law) no hornea pan y no tiene la capacidad de distribuir sus trozos o pescado. Tampoco se puede defender contra el ataque externo pero sigue siendo y será la dimensión más civilizada y trascendental del Estado” escribía Michael Oakeshott en 1983, uno de los más grandes pensadores del siglo XX. La Asamblea Constituyente de 1991, con el liderazgo del doctor Álvaro Gómez Hurtado, introdujo en la nueva Carta el conjunto de formas institucionales (Fiscalía General y Corte Constitucional) que darían justicia rápida al ciudadano. El poder judicial fue su obsesión genuina entre 1976 -cuando introdujo reingenería radical a este diario y a su propio pensamiento- hasta 1991.
Doloroso decirlo, otra vez: las nuevas instituciones encallaron. Es urgente que sea el Presidente de la República quien actúe ya. No podemos aceptar que desde el propio poder judicial se esté bloqueando cualquier esfuerzo de salvación. Magistrados de ninguna corte tienen aquí poder alguno de interlocución. Necesitamos ya el renacimiento de la rama judicial. La decisión les pertenece a los ciudadanos por vía del Congreso de la República y, si este ente no responde, revistiéndose el pueblo de su condición de constituyente primario. La iniciativa en tema fundamental es del Presidente quien entenderá que se ha tocado la frontera final del colapso.
Por dos vías se evalúa la reforma judicial. Institucional y por vía de resultados. La de 1991 no sirvió. Técnicamente puede afirmarse hoy que en Colombia funciona apenas un aparato judicial de naturaleza residual. No es posible pensar en un sistema de justicia transicional doméstico, no sujeto a intervención subsidiaria como la Corte Penal Internacional, si los mecanismos básicos se perdieron.
El presidente Santos ha demostrado liderazgo en el tema de la paz, estemos o no de acuerdo con sus posiciones. La misma calidad de liderazgo tendrá que demostrar en materia de renacimiento del sistema judicial y lucha anti-corrupción. No se trata de asunto secundario. Aquí todas las fuerzas políticas –incluidos el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático- van a tener que rodear al actual Gobierno pues requerimos cambios a lo largo y dentro de las instituciones.
Incompatibilidades e inhabilidades draconianas de los jueces supremos de la República y cesación de sus prácticas nominadoras deben ser el comienzo de mecanismos acabados que filtren la suciedad aplastante que emerge hoy de la rama judicial. Porque hoy -como ocurrió en 1957 con el Frente Nacional- la Colombia buena tiene la obligación de salvar al país.