Plebiscito para el reajuste

De cara a la crisis institucional, lo que no puede hacer el gobierno es caer en la trampa de no hacer nada o creer que el problema se arregla con paños de agua tibia con simples curas de gestión administrativa. Se acometió una reforma constitucional dispendiosa porque la justicia no funciona. Y lo que opera lo hace mal. Son absolutamente inaceptables, irresponsables y chocantes propuestas como la del senador J.F. Cristo de ponerle una moratoria de 5 años a la solución o la del presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, de que lo sensato es no hacer nada.

Es tanto como si Churchill, en medio del escepticismo creciente de que fuera posible hacer algo contra los totalitarismos devoradores, hubiese sustituido a Chamberlain para declararle una moratoria de un lustro a Hitler. O Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos,  Alberto Lleras y Laureano Gómez frente al embate furioso del dictador Rojas Pinilla para perpetuarse en el poder se hubieran cruzado de brazos, diciendo, como lo hace ahora Gómez Aranguren, que un salto adelante causaría perplejidad. ¿Moratorias y perplejidades? ¡Dios, vaya conjunción de enanismo histórico!

La cronología del plebiscito de diciembre de 1957 es muestra de fortaleza de gigantes ante la adversidad histórica: propone López Pumarejo la fórmula en 1956. Gómez y Lleras suscriben primero el Pacto de Benidorm donde se comprometen a impulsar el retorno a la institucionalidad y parar el enfrentamiento. Después, en Sitges, pactan la alternación. Rojas cae y la Junta Militar, en consulta con todas las fuerzas vivas del país, encuentra que su deber fundamental es la toma de medidas conducentes a un rápido y seguro regreso a la institucionalidad democrática y a la reconfiguración de la normalidad colectiva.

Se decide que la única vía es consultar al constituyente primario. Mediante decreto legislativo la Junta Militar convoca a una consulta popular para que con su voto apruebe o impruebe reformar en 14 temas la Constitución de 1886. Se incluye en el temario, entre otros, la igualdad plena de género. Por una mayoría apabullante, como la describió el maestro José Gregorio Hernández, el pueblo colombiano dice sí a la reforma.

No hay que redactar más decretos, según deseo del exministro Fernando Carrillo expuesto ayer en entrevista con Yamid Amat. Decretos retóricos de eficacia irrisoria. El decreterismo compulsivo -que exasperó a Álvaro Gómez- nos tiene hastiados a los colombianos del común. Basta usar una ley existente. La Ley 134 de 1994 en su artículo séptimo, que establece mecanismos de participación ciudadana, autoriza al Presidente de la República a convocar plebiscitos para que apoyen o rechacen una determinada decisión del ejecutivo.

El presidente Santos puede convocar una alta comisión, pequeña y eficiente, encabezada por los cinco expresidentes de la Nación, para que con desprendimiento y corazón patrióticos, aliste con autonomía el texto de un plebiscito reformatorio sobre un servicio fundamental que no percibimos, como mucho lo merecemos, todos los colombianos: el de la justicia transparente y eficaz.

Así se hizo en 1957 con la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional donde trabajaron por Colombia 7 exmandatarios, algunos de ellos enemigos enconados del ayer, como López y Gómez. De allí nacieron concordia e igualdad que a nadie pertenecieron después sino fue a todos los colombianos. No se trata de la tabla de salvación para el actual Jefe de Estado sino del recurso de vida para millones de colombianos que padecemos la ausencia de un servicio esencial, de un lado, y la existencia de justicia institucional, de otro, aprisionada en carencias y corrupción.