El ejercicio del poder impositivo ha sido en todas las épocas motivo de conflicto político, aprieto que suele resolverse, generalmente,  en favor de la clase dominante. Esta regla en la historia de la Republica se constata sin mayor dificultad, solo que su divulgación no ha sido generalizada, por el contrario, se ha ocultado con habilidad.

Uno de los primeros episodios que registra la historia a este respecto fue la Revolución de los Comuneros, antecedente que se relata abreviadamente y sin mayor detalle. Lo cierto es que la sublevación del pueblo se tradujo en las capitulaciones de Zipaquirá, acuerdo mediante el cual la autoridad renunciaba a una serie de agresivos impuestos, concesión que se hizo para desvanecer el movimiento y que una vez ajusticiados sus líderes se revocó sin consideraciones y se hizo más severa la gestión de los encomenderos.

El mismo episodio se vivió a los tres meses del grito  de independencia.  La junta de Gobierno, integrada por los representantes de la oligarquía criolla, expidieron una “reforma tributaria estructural”, mediante la cual  despojaban a la población  de sus tierra, eliminado los resguardos y declarando los indígenas iguales a todos los habitantes, con lo cual los obligaban a tributar sin discriminaciones, supuestamente para que reinara la democracia, pero en el fondo lo que se buscaba era gravarles sus ínfimos recursos para obligarlos a trabajar en las haciendas de los grandes terratenientes criollos. El 24 de septiembre de 1810 se puso término al status excepcional reconocido a los indígenas en la colonia. “En realidad se les iba a convertir en victimas del más cruel e inconveniente de los despojos”. Entre tanto los líderes que a esta población defendía, Nariño y Carbonell, estaban presos.

El pueblo raso ninguna posibilidad tiene de defenderse ante el poder omnímodo del alcabalero fiscal. En el régimen constitucional vigente ni siquiera los congresistas tienen facultad para ejercer iniciativas en materia tributarias, esta facultad es monopolio del Gobierno y ningún mecanismo de participación democrática se puede utilizar para controlar esta arbitrariedad.

En estos días se discutirá en el Congreso el proyecto de “Reforma Tributaria Estructural”, liderada por el alcabalero Cárdenas Santamaría, para subsanar el equivocado remate de Isagen, una posible fuente de ingresos públicos que debe reemplazarse ahora  con los gravámenes decretados a cargo de los tenderos y los pequeños accionistas, amén del aumento al IVA y otras contribuciones impuestas a las clases proletarias,  en un momento en que se promueve un acuerdo para manejar el posconflicto. ! Que error político!

Hacer pronósticos alrededor de este conflictivo episodio es tarea difícil y lo es porque la experiencia enseña que el proyecto no será rectificado con justicia; lo que se advierte, sin tropiezos,  es que habrá demagogia  parlamentaria y, en últimas, la ley se aprobará a pupitrazo limpio, en un texto ininteligible para el pueblo, pues ya es costumbre tradicional abusar de la ignorancia, condición necesaria para que impere la dictadura.