Por segunda vez en la última década, la justicia francesa condena a pena de prisión a un ex jefe de Estado. Ahora, es condenado por tres años de cárcel, Nicolás Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012, declarado culpable por corrupción y tráfico de influencias. De los tres años, solo tendrá que cumplir con uno y bajo vigilancia domiciliaria, con un brazalete. También su patrocinador Jacques Chirac, corrió la misma suerte por malversación en el 2011.

Informa la sentencia  que  Sarkozy ofreció  dadivas   en 2014 a un fiscal a cambio de obtener informaciones y ayuda en una causa que le afectaba. También corrieron la misma suerte del expresidente, su abogado, Thierry Herzog, y un antiguo abogado general (fiscal) de la Corte de Casación, Gilbert Azibert.     Estimó el  tribunal  que los tres participaron en un “pacto de corrupción”, el cual se acreditó  gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y Herzog, y que estaba registrada bajo el nombre falso de Paul Bismuth. El caso tiene comienzo  a principios de 2014, cuando  a Sarkozy le preocupaban las agendas que la justicia había incautado en el caso Bettencourt, del que fue posteriormente exonerado. Para recuperar las agendas, había interpuesto un recurso ante la Corte de Casación. Sarkozy y su abogado y amigo íntimo Thierry Herzog, en sus conversaciones telefónicas, hablaban sobre cómo lograr que el abogado general (fiscal) Gilbert Azibert, amigo a su vez de Herzog, les informase del ambiente interno en la Corte de Casación respecto al recurso para recuperar las agendas, y quizá influyese en la decisión. Y mencionaban la posibilidad de que, a cambio de estas informaciones, Sarkozy hiciera valer su influencia ante Alberto de Mónaco para que Azibert obtuviese la plaza que anhelaba en el Consejo de Estado del principado. “Yo le haré subir, le ayudaré”, decía el expresidente a su abogado, según una de las grabaciones que sirvieron para destapar el caso. “Yo me ocupo porque voy a Mónaco y veré al príncipe”.

Las consecuencias de una sentencia de esta estirpe son evidentes; por lo pronto se le recortan   las alas a las aspiraciones políticas del político francés que deseaba regresar triunfante al Palacio del Elíseo.

Llama la atención algunas consideraciones de la sentencia que resaltan la gravedad  que implica que quién cometió los hechos delictuosos fuese alguien que ocupó la jefatura del estado y que por tal calidad  debía ser “el garante de la independencia judicial”. Como era de esperarse, la defensa del exmandatario  apelará la sentencia y no se han hecho esperar los ataques a los jueces y fiscales, señalando que se trata de una confabulación política contra el exmandatario o de “encarnizamiento” como ha dicho su esposa.

Debe destacarse la “independencia judicial” que se impone frente a una corriente  de poder conservadora como la  que influye el exmandatario francés; ejemplo  conveniente en estos momentos en Colombia cuando se impulsan sonados procesos de corrupción, conocidos como “el cartel de la toga”  y vuelve  a oxigenarse el caso Odebrecht que compromete nuevamente la transparencia de los recursos en las campañas presidenciales.