El 1 de marzo de 2008 culminó la “Operación Fénix”, una brillante acción de nuestras Fuerzas Armadas en territorio ecuatoriano en la que murió Raúl Reyes y fueron sacados de los escombros los computadores que contenían toda la información sobre la “farcpolítica” y las relaciones entre los terroristas y Correa y Chávez -incluyendo compra de misiles a Libia y la estrategia para desprestigiar al gobierno de Álvaro Uribe- y la vinculación de colombianos como “Teodora” y Wilson Borja con las Farc.

Los computadores fueron enviados para análisis técnico a la Interpol que no encontró alteración alguna. Sin embargo, al ser argüidos ante la sala penal de la Corte Suprema en un proceso contra Borja, ésta encontró que, como no habían sido levantados por la Fiscalía sino por los militares en el lugar de los hechos, carecían de validez. Toda la valiosa información se tornó inútil porque los fiscales no suelen acompañar a las fuerzas armadas en sus operaciones.

Algo similar ocurrió en el caso de Santo Domingo, en diciembre de 1998, en el que fue condenado alias Grannobles, hermano del Mono Jojoy, por la muerte de 9 militares y 17 civiles, y luego fue absuelto por la Corte Constitucional porque ya había una condena contra dos pilotos de la FAC por la muerte de los civiles que, en realidad, fue causada por la explosión de un camión lleno de explosivos.

Esto sin mencionar las persecuciones desatadas por la Corte Suprema contra el coronel Plazas Vega por el caso, bien conocido por la opinión pública, del Palacio de Justicia; contra el exministro Andrés Felipe Arias por un delito que no era delito y que tampoco cometió, a quien se le ha negado la apelación que ordenan los tratados de derechos humanos; y contra el exministro Diego Palacios por el delito de ser uribista. Y se podrían enumerar muchos casos más.

No es de sorprenderse, pues, que una sala de la JEP ordene la libertad de alias Santrich diciendo que no hay pruebas de que el delito de narcotráfico por el que se le solicitó en extradición fue cometido después del 1 de diciembre de 2016, fecha en que entró en vigor el acuerdo de Santos con las Farc y que, por ende, no se sabe si está o no protegido por la cláusula de impunidad de dicho acuerdo. Los medios han publicado los videos y las declaraciones del sobrino de alias Iván Márquez, enlace con los narcos mexicanos, que lo confirman. Todo el mundo sabe del delito y de la fecha, menos la JEP que pidió al gobierno norteamericano unas pruebas que éste no tiene por qué dar.

Afortunadamente, dos magistradas disintieron y no quisieron vender su conciencia. Y afortunadamente también la justicia ordinaria reaccionó rápidamente y la fiscalía ordenó recapturarlo para juzgarlo, fuera de la JEP, por narco.

Pero para rematar, el mismo día otra sección del Consejo de Estado, que le había quitado la curul a Mockus porque era contratista del Estado cuando fue elegido, le concede una tutela judicial. La consejera Nubia Peña, abogada de la Universidad INCCA, decreta dizque para proteger los derechos fundamentales de Mockus, una medida cautelar para devolverle la curul mientras otra sala resuelve definitivamente la tutela. Todo el mundo sabe, pero no ella, que Corpovisionarios, entidad que celebró los contratos, es de Mockus y que le dieron esos contratos por varios miles de millones de pesos por ser de Mockus y no por ser una entidad que preste grandes servicios al Estado.

¡Urge una reforma de la justicia y de las calidades de los magistrados!